En una legislatura carcomida por la pandemia del coronavirus, la
Asamblea de Madrid ha centrado buena parte de sus esfuerzos en revitalizar la actividad económica y modernizar la administración. Fruto de estas inquietudes fue la
Ley Ómnibus, una herramienta que permitió al Gobierno autonómico dotarse de medios para contratar sanitarios extracomunitarios y la creación de nuevas categorías profesionales, entre otras posibilidades. El proyecto ‘estrella’ en clave sanitaria fue sin embargo la llamada
Ley de Farmacia, que dio pie a un nuevo marco normativo para adecuar el sector a las nuevas necesidades de usuarios y trabajadores. Fue la medida más notoria de una etapa que ha tenido como trasfondo los debates sobre la
salud mental y el refuerzo de la
Atención Primaria.
Estaba cerca el epílogo de la
XII legislatura cuando la Asamblea de Madrid dio el visto bueno definitivo, con los votos favorables de PP y Vox, a la
Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica. Se trataba de un viejo reclamo del sector, que llamaba a actualizar una normativa que
se remontaba a 1998.
El nuevo texto, destinado a garantizar a la población el acceso eficaz, consciente y racional a los medicamentos y productos sanitarios, abre la puerta a medidas como la
dispensación a domicilio de fármacos bajo determinadas circunstancias y la flexibilidad de la
apertura las 24 horas. “
Abre un nuevo horizonte en la Comunidad”, aseguraba a Redacción Médica la directora general de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria de la Consejería de Sanidad,
Elena Mantilla.
La aprobación e la Ley de Farmacia se produjo de forma paralela a la llamada Ómnibus, que introducía importantes novedades en el panorama sanitario para revitalizar la administración. Entre ellas, la regulación de la
nueva historia clínica público-privada en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que se completará con otra estrategia prevista para este mismo año: el plan de
interoperabilidad de la historia clínica. El objetivo es que los centros sanitarios puedan compartir los datos de los pacientes independientemente de lugar donde se haya realizado el acto médico.
La ley Ómnibus abrió también las puertas a la
contratación de médicos extracomunitarios y la creación de nuevas categorías profesionales, “así como profesionales capacitados y especializados que cuenten con las titulaciones oportunas y que cubran las nuevas demandas asistenciales”.
Salud mental y refuerzo de Atención Primaria
En las oraciones de los parlamentarios madrileños se encontraban también otras cuestiones que, aunque no llegaron al rango de ley, sí marcaron el debate político. Ya en 2021, Más Madrid elevó a la Comisión de Sanidad demandas de
refuerzo de la Atención Primaria a través de una proposición no de ley que fue aprobada y que planteaba a su vez la reducción de las
listas de espera a un máximo 15 días.
La formación que lideran Mónica García y Javier Padilla también logró sacar adelante la reclamación de un plan específico de
Salud Mental para población infantil y juvenil. A modo de partida, el pasado enero la Consejería y la Fundación Alicia Koplowitz estrenaron un programa piloto de formación en este campo para profesores y orientadores de colegios e institutos públicos.
En otra PNL, el PP llamó a garantizar que no quedaran vacantes en el
proceso MIR con
“soluciones excepcionales”. Entre ellas, la deno seguir dando validez a un sistema formativo “que genera un desplazamiento creciente a otros escenarios asistenciales que no han sido resueltos”, lo que, denunciaron, “genera un empeoramiento de déficit crónico de especialistas en Medicina de Familia”.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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