La Marea Blanca sale a la calle en defensa de la sanidad pública

Miles de personas se han manifestado este sábado en las calles del centro de Madrid para exigir una sanidad pública y universal tanto en la comunidad autónoma como en el conjunto del país. Los ciudadanos han acudido a la llamada de la plataforma Marea Blanca que por 97 ocasión ha movilizado a sus seguidores para tratar de hacer presión para activar un cambio en el modelo sanitario.

Bajo el lema ‘2023 y la sanidad pública sin solución’, el colectivo ha recorrido el epicentro de la capital española hasta llegar a la plaza del Museo Reina Sofía, donde se ha leído un manifiesto coral elaborado por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Medsap) en el que se han pedido cambios profundos en la gestión sanitaria. “Defiendo la sanidad pública porque exijo el cumplimiento de los derechos humanos”, han expuesto los portavoces.

Los convocantes han reclamado un incremento del presupuesto dedicado a la sanidad hasta que alcance el 7,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que han calculado que un tercio debe ir directamente dirigido a la salud pública. En ese sentido, han subrayado la importancia de reforzar los recursos humanos, especialmente en la Atención Primaria porque es el “primer escalón de entrada” a la salud pública.

“La Atención Primaria da una atención continuada a lo largo de toda nuestra vida, desde antes de nuestro nacimiento hasta el final de nuestros días”, han apostillado en el manifiesto, que ha lamentado el sistema de guardias y de turnos festivos que tienen que llevar a cabo los médicos y enfermeras en sus jornadas laborales.

Marea Blanca pide la derogación de leyes sanitarias

Los portavoces de Marea Blanca han mandado también mens han reclamado la derogación del Real Decreto de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado en el año 2012, ya que consideran que supuso un “cambio profundo de modelo” que ha dejado “fuera” de la atención en salud a miles de personas “de manera injustificada”.

Mientras que, en el terreno autonómico, han exigido la retirada de la Ley Ómnibus aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en diciembre y que convertirá la historia clínica del paciente en interoperable entre la sanidad pública y la privada. Una norma que consideran que abre el camino hacia la “privatización de los servicios públicos”.

El rechazo contra la presencia de fondos de inversión del extranjero en la sanidad ha cerrado una protesta que llega apenas cuatro meses antes de la convocatoria de las elecciones autonómicas y municipales en todo el conjunto del país. “Los gobiernos que queremos y necesitamos deben manifestar su voluntad explícita de recuperar todo lo privatizado, hospitales y servicios de salud complementarios”, han esgrimido.