Critica que los gobiernos del PP “han sido una auténtica pesadilla” para la sanidad pública



5 mar. 2015 18:09H
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Redacción. Madrid
El portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, y su homólogo en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, han presentado este jueves una iniciativa para acabar con la “exclusión sanitaria” que ha provocado la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, una exclusión que a nivel nacional afecta un millón de personas y a nivel regional a unas 150.000.

Rubén Bejarano.

En concreto, la Proposición de Ley que se presentará en la Asamblea de Madrid reconoce el derecho a la asistencia sanitaria con cargo a presupuestos públicos y en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos con residencia de hecho en la Comunidad de Madrid, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos.

Entre los requisitos se encuentran el estar empadronado en la región, no ostentar condición de asegurado, ni de beneficiario de asegurado, ni tener el derecho a la asistencia sanitaria reconocido por la Seguridad Social, ni por ninguna mutua o aseguradora o cualquier otra entidad y no estar sujeto a convenios internacionales.

Sin embargo, en el caso de personas en exclusión social que no estén empadronadas, se podrá sustituir el empadronamiento por un informe de un trabajador social dependiente del Servicio Madrileño de Salud o de un servicio social municipal. Todas las personas tendrán así derecho a una tarjeta sanitaria.

Bejarano ha señalado que no quieren acabar la Legislatura sin presentar esta Proposición de Ley “contra la exclusión sanitaria”, aunque se ha manifestado convencido de que con la Legislatura acabará también un ciclo de 20 años de gobiernos del PP que “han sido una auténtica pesadilla” para la sanidad pública madrileña.

Por su parte, Llamazares ha indicado que el PP tenía la voluntad de que Madrid se convirtiera “en el laboratorio de la privatización del sistema sanitario”, que se ha frenado gracias a la “resistencia social y política”, aunque “se ha producido un grave quebranto de uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa”, en forma de exclusión tanto de los ciudadanos como de los profesionales, porque, según sus cálculos, se han expulsado a 50.000 profesionales y se ha reducido en un 15 por ciento el gasto sanitario, por lo que ha apostado por volver a “reuniversalizar el sistema sanitario como servicio público de todos los ciudadanos y financiado con cargo a los impuestos de los que más tienen”.
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