Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid / Imagen de Fernando Sánchez / Europa Press
Más Madrid lleva a la Fiscalía la alteración de las listas de espera del Ramón y Cajal
La formación ve en la "reclasificación" de pacientes delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y revelación de secretos
La presunta alteración del sistema de listas de espera del Hospital Ramón y Cajal llega a la esfera judicial. Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid al considerar que la “reclasificación” que se produjo de los pacientes sin haber superado una valoración clínica individualizada puede ser motivo de hasta tres delitos diferentes. La formación que dirige Mónica García ha vinculado los hechos con la prevaricación administrativa, la falsedad documental o la revelación de secretos.
“Hablamos de irregularidades graves que tienen impacto en los tiempos de espera y en las patologías y que sospechamos que no es un hecho aislado sino sistemático en el sistema de salud madrileño”, han explicado desde la formación que lidera la oposición en la Comunidad de Madrid.
En la denuncia, a la que ha accedido Redacción Médica, Más Madrid ha hecho un repaso de los hechos conocidos desde que El País publicara la presunta alteración de las listas de espera, basándose en los correos electrónicos registrados entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025. De acuerdo a estas informaciones, se rebajó “unilateralmente” la prioridad de al menos 57 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, que pasaron de la categoría preferente (que obliga a operar en un máximo de 90 días) a la ordinaria (que lo hace en 180 días).
Los tres delitos denunciados por Más Madrid
Para los denunciantes, esta reclasificación es motivo de un posible delito de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, ya que representa una “resolución arbitraria” por parte de una autoridad o funcionario público a sabiendas de que se trata de una “injusticia”. “La decisión de reclasificar a los pacientes sin valoración clínica real, en contra del criterio del facultativo responsable y con la finalidad de eludir un indicador de gestión, reúne indiciariamente los elementos de arbitrariedad y conocimiento de la injusticia de la resolución que exige el 4 tipo penal, sin perjuicio de que dicha calificación deba ser confirmada o descartada a resultas de la instrucción”, justifica el texto remitido a la Fiscalía.
El documento también apunta a un potencial delito de falsedad documental, en la medida en la que este cambio de la prioridad asistencial pueda suponer una alteración de los datos clínicos o administrativos en el Registro de Demanda Quirúrgica. Para comprobar este extremo, los denunciantes proponen que se lleve a cabo un análisis de toda la documentación y de los historiales clínicos correspondientes. “Entre los pacientes afectados se encontraban personas diagnosticadas de anomalías de columna, síndrome del túnel carpiano y luxaciones, así como al menos un menor de tres años, cuyos padres no fueron informados del cambio de prioridad aplicado a su hijo”, han recordado desde Más Madrid.
Finalmente, la denuncia aborda un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. En este caso, la formación de la oposición apunta a la rueda de prensa realizada por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la que se dio a conocer los expedientes disciplinarios abiertos contra el médico que trasladó las informaciones. “De resultar dichos datos reservados y no divulgados previamente por el propio interesado, tal revelación por parte de una autoridad pública, prevaliéndose de su cargo, podría ser constitutiva del tipo agravado del artículo 198 del Código Penal en relación con el artículo 197”, han considerado.
La investigación de la Fiscalía
Una vez remitida la denuncia, será ahora la Fiscalía Provincial de Madrid la que decida cuáles son los siguientes pasos a dar y si finalmente inicia una investigación. Más Madrid ha solicitado al organismo fiscal que solicite al Ramón y Cajal los correos electrónicos, instrucciones internas, memorandos y demás documentación relativa a la clasificación de estos 57 pacientes. Además, también ha reclamado que se intervenga el Registro de Demanda Quirúrgica y que se tome declaración de Basilio de la Torre y de Rafael Martínez, los dos facultativos que aparecen en los citados correos.
Paralelamente, también ha reclamado a la Fiscalía que aclare la “contradicción existente” entre las versiones publicadas en prensa y las declaraciones de la Consejería de Sanidad, que atribuyeron la reclasificación de los pacientes al propio médico denunciante. Para sustentar su denuncia, el partido ha facilitado al ministerio fiscal cinco artículos publicados en prensa entre el 15 y el 21 de septiembre.
