Centro de Salud de la Comunidad de Madrid.
La Psicología y la sanidad aterrizan en el anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal de Madrid
La iniciativa ha superado el proceso de consulta pública con aportes relacionados al refuerzo de la accesibilidad cognitiva y a la inclusión de la sanidad
La Comunidad de Madrid sometió a consulta pública el anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal de la región, con la intención de actualizar conceptos desde un enfoque de derechos humanos, "promoviendo la igualdad de oportunidades, la vida independiente y la participación plena en la sociedad". Una vez finalizado este periodo, se han hecho públicas las aportaciones presentadas, algunas de ellas relacionadas con la salud mental y el acceso a las infraestructuras sanitarias.
La accesibilidad cognitiva y la presencia de la Psicología
La institución que ha puesto en valor la iniciativa de la comunidad es el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid que ha considerado que supone una "oportunidad para actualizar el marco normativo vigente y consolidar un modelo de sociedad más inclusiva, participativa y respetuosa con los derechos de todas las personas". Entre sus propuestas destaca el "incorporar expresamente la dimensión cognitiva y psicológica dentro del concepto de accesibilidad universal". Según exponen, esta ley debería "reconocer que la accesibilidad incluye facilitar la comprensión, reducir la sobrecarga cognitiva y favorecer la autonomía de las personas en cualquier interacción con la Administración y los servicios públicos".
En esa línea, plantean que se debería reforzar la accesibilidad cognitiva en todos los servicios públicos, con la incorporación de un mandato específico para que los "procedimientos, documentos, plataformas digitales, señalización, formularios y comunicaciones de las administraciones públicas se diseñen conforme a criterios de accesibilidad cognitiva y comprensión universal" con la utilización de lenguaje claro, organización comprensible de la información, sistemas de orientación intuitivos, reducción de cargas cognitivas innecesarias y la adaptación de procesos administrativos complejos que beneficien a personas con discapacidad intelectual, trastornos del neurodesarrollo, deterioro cognitivo, problemas de salud mental, personas mayores o con dificultades temporales de comprensión.
Además, consideran que la "accesibilidad debe comprender la previsibilidad de los procedimientos, la reducción de estímulos y esperas evitables, la privacidad, la continuidad de la información, la existencia de alternativas de atención y un trato libre de estigma, coerción y prejuicios". Para que estos puntos puedan llevarse a cabo, se necesita de la participación de las y los profesionales, por ello, el COP Madrid propone que la ley contemple programas específicos de formación que incluya la salud mental en los servicios de atención directa.
En cuanto a los ámbitos de aplicación, el colegio considera que debe incluir los servicios sanitarios y de salud mental con un acceso que abarque "la solicitud y confirmación de citas, la acogida, la información clínica y administrativa, el consentimiento informado, la continuidad asistencial y los canales de queja". "Deben evitarse entornos que incrementen innecesariamente la ansiedad o la desorientación y ofrecerse ajustes individualizados, sin discriminación ni estigmatización, incluidas alternativas de comunicación y apoyo para la toma de decisiones", subraya.
Por último, proponen "incorporar al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid en el futuro Consejo de Accesibilidad Universal o en sus órganos técnicos", ya que la Psicología "aporta conocimiento científico sobre percepción, cognición, comunicación, conducta, toma de decisiones, actitudes, factores humanos y evaluación de la experiencia de uso".
La accesibilidad universal debe incluir a la sanidad
Por su parte, la Asociación Empresarial de Entidades Madrileñas en Defensa de Colectivos con Especiales Dificultades (Aemed) también ha sumado aportes, considerando que la accesibilidad universal debe concebirse como una "política pública transversal que afecta al conjunto de la acción pública, incluyendo la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia, el empleo, la contratación pública, la transformación digital, la cultura, el transporte, la vivienda y la participación ciudadana".
La Aemed señala que la futura ley debe reforzar la accesibilidad universal como un "derecho subjetivo exigible, esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la participación plena de todas las personas". Además, debe garantizar la accesibilidad universal en el "conjunto de los servicios públicos, evitando que su regulación quede centrada únicamente en el entorno físico o urbanístico". En esa línea, contempla necesario que la ley establezca obligaciones de accesibilidad para hospitales, centro sanitarios y centros de salud, o cualquier otro recurso de carácter sanitario, social o educativo de titularidad pública o que esté financiado con fondos públicos.
Finalmente, propone en que la futura ley incorpore la formación en accesibilidad universal como "una obligación para los profesionales cuya actividad incide directamente en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía". "La accesibilidad no puede depender exclusivamente del diseño de los espacios, sino también de la capacitación de quienes planifican, gestionan y prestan los servicios", inciden, con programas que incluyan a profesionales sanitarios.
