Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación, Ciencia y Universidades de Madrid. Imagen de Europa Press
Los investigadores sanitarios enmiendan la Ley de Ciencia de Madrid para evitar la fuga de talento
El sector presenta una batería de medidas para mejorar la financiación y garantizar puestos estables en la investigación en salud
El Gobierno de la Comunidad de Madrid se encuentra inmerso en la redacción de la futura Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que permitirá adecuar el régimen jurídico autonómico a los estándares nacionales y europeos. La norma nace como una “oportunidad estratégica” para reforzar la calidad del sistema madrileño del conocimiento y de mejorar su posicionamiento internacional. Por eso, el Ejecutivo ha decidido abrir previamente su elaboración a una consulta pública con el objetivo de recabar las aportaciones de los agentes expertos del sector. Un grupo de investigadores sanitarios ya ha lanzado su propuesta ideal.
Un equipo de investigadores en etapa postdoctoral del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria ha hecho llegar ya sus aportaciones a la futura ley con el objetivo de garantizar una mayor visibilidad de la profesión, a la par que garantizar unos programas de continuidad para que los académicos puedan acceder a un empleo público cuando acaban sus contratos.
“Existe un vacío crítico entre la finalización de los contratos postdoctorales competitivos (por ejemplo, los Sara Borrell o Juan de la Cierva de ámbito estatal) y el acceso a una posición estable o a una ayuda de consolidación. Este vacío provoca la pérdida de personal altamente formado justo en su etapa de mayor productividad”, han apuntado en el informe al que ha tenido acceso Redacción Médica.
Para poder paliar esta situación, han propuesto que se haga un “reconocimiento expreso” de los institutos de investigación sanitaria como agentes de pleno derecho en el sistema sanitario. Paralelamente, la ley debería reconocer este campo del conocimiento como un "ámbito estratégico".
“Este reconocimiento debería comportar que las infraestructuras y servicios de soporte sobre los que se desarrolla la actividad investigadora en el entorno sanitario (espacios, equipamiento, sistemas de información y procedimientos de gestión) atiendan de forma efectiva las necesidades específicas de la investigación, y no únicamente las derivadas de la actividad asistencial”, reza su argumentario.
Un programa autonómico de continuidad
Con el objetivo de evitar esa fuga de talento, los investigadores han propuesto la creación de un instrumento regional que facilite la continuidad del personal investigador. El objetivo es evitar la “paradoja” de que una persona en etapa postdoctoral pueda dirigir fondos competitivos y financiar a su equipo, pero carezca de una “vía estable” para mantener su propio contrato o salario.
Los investigadores del Ramón y Cajal han propuesto que este mecanismo se sustente en una cofinanciación o un complemento autonómico que permita retener en la región los proyectos que también cuentan con fondos estatales o europeos. “Dicho mecanismo aseguraría la continuidad del investigador principal al menos durante el periodo de ejecución del proyecto concedido, con las condiciones y límites que se establezcan”, han recalcado.
En este sentido, los investigadores han reclamado también que la nueva ley habilite la modalidad del contrato indefinido vinculado a actividades científico-técnicas, en la línea propuesta por otras comunidades como Andalucía, que ha asumido este compromiso a través de la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS), encargado de los planes de estabilización laboral.
La cobertura de las cuotas patronales a la Seguridad Social en los contratos de investigación, el reconocimiento de los méritos y la experiencia profesional de una manera homogénea, o la regulación de las figuras del personal técnico de apoyo a la investigación son otras de las líneas que este grupo considera prioritarias para incorporarse a la Ley de Ciencia de Madrid.
Atracción de talento
Los investigadores también han reclamado la puesta en marcha de un instrumento autonómico orientado a la captación de talento, que emule al programa Icrea (Cataluña) o Ikerbasque (País Vasco) que han permitido conseguir ayudas económicas europeas. “Un instrumento análogo elevaría la captación de fondos europeos competitivos y la posición de la Comunidad de Madrid en los indicadores internacionales de excelencia, con un retorno económico y reputacional medible, al tiempo que ofrecería al personal formado en el sistema un horizonte de carrera que reduzca su emigración”, han expuesto.
Además, el grupo también ha reivindicado que la nueva ley fije un objetivo de investigación regional a largo plazo, y que cuente con modelos de evaluación responsable con objetivos de excelencia y de innovación. También apuestan por reducir la carga administrativa de los investigadores en la justificación económica de los proyectos, así como agilizar los procedimientos de contratación, ya que consideran que actualmente hay un “cuello de botella” para la incorporación de personal o la realización de actividades.
