Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade, en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno.
Las
agresiones a sanitarios continúan con
una creciente tendencia en el territorio gallego. Un hecho que ha obligado a la Xunta de Galicia a tomar decisiones drásticas, tanto legales como administrativas.
A mediados de 2025, el propio presidente del Ejecutivo, Alfonso Rueda, anunció
la modificación de la Lei de Saúde para blindar a los sanitarios frente a las agresiones. Ahora, este mismo martes, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno la aprobación de ese cambio, que incorporará
novedades en el sistema sanitario gallego. Una de ellas influirá directamente a los técnicos de Emergencias o del 061, que serán incluidos "en el ámbito de protección frente a posibles agresiones", algo que hasta el momento no ocurría.
Por otro lado, según ha informado el conselleiro de Sanidade,
Antonio Gómez Caamaño, "además de la violencia física y verbal, se incluirá en el texto la violencia digital ejercida por pacientes o familiar contra profesionales sanitarios". "Se extenderá a agresiones de fuera del recinto y
no solo durante el ejercicio de la función. A la protección de los sanitarios, se suma el deber de respetar su honor y prestigio profesional", ha detallado.
Grabaciones en consultas médicas
Además, se regularán las grabaciones sin consentimiento en las consultas médico-paciente. "Se entenderá como quierba de la relación de confianza, por lo que el profesional podrá
suspender la asistencia dejando constancia del hecho en la historia clínica quedando garantizada la atención del paciente", ha añadido.
Y es que no cumplir lo mencionado anteriormente tendrá diferentes 'castigos', que serán actualizados en el
capítulo de infracciones y sanciones sanitarias. "Se individualizan, se tipifican y se sancionan según su gravedad", ha subrayado Caamaño. De tal manera que las infracciones leves -faltas de respeto o insultos- serán sancionadas con multas de
entre 300 y 1.500 euros. Por su parte, las graves supondrán pagos de
entre 1.501 y 3.000 euros, y las muy graves, como agresiones físicas,
rondarán entre los 3.001 y los 15.000 euros.
"Las personas que cometan infracciones en materia de dolencia en el ámbito sanitario podrán ser obligadas a
abonar los gastos de la asistencia de la víctima", ha apuntado. De hecho, las graves y muy graves "podrán ir acompañadas de
sanciones accesorias". Entre ellas, "la asignación de otro profesional sanitario al agresor ubicado en otro centro sanitario distinto en un plazo máximo de cinco años". Eso sí, hay que destacar que las modificaciones legales protegerán a todos los centros,
independientemente de que sean privados o públicos.
Plan de prevención de agresiones a sanitarios
También se pondrán en marcha medidas de formación específica como la realización de
actividades con interlocutores policiales. Durante su intervención, el conselleiro, además, ha anunciado la creación de un
Plan de prevención contra la violencia y de un registro gallego de actos de violencia externa en el ámbito sanitario
"El plan será un instrumento que garantizará el derecho de todos los profesionales a recibir asistencia y protección de las adminitraciones y servicios de salud. Será de aplicación en todos
los centros que prestan asistencia en el sistema público", ha matizado. En el caso de los privados, las empresas contratadas tendrán que tener formación específica en este sentido.
Caamaño ha afirmado que
856 profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) comunicaron algún tipo de dolencia el año pasado. "La mayoría de las agresiones fueron verbales y gestuales, pero también se produjeron 340 acciones que contemplaron violencia física", ha indicado.
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