Redacción. Vigo
El comité de empresa del hospital vigués Povisa ha manifestado públicamente su desacuerdo con la empresa, después de que su dirección haya manifestado que las reducciones de jornada en algunos servicios del centro son "voluntarias e individuales". Así, los representantes de los trabajadores han precisado que "fueron impuestas bajo coacciones y amenazas de despido".
Según ha señalado la representante de la CIG, María Jesús Neira, son unos 200 trabajadores los que se han visto obligados a aceptar 35 horas de jornada semanal "sí o sí", ya que la empresa ha amenazado con que habría 26 despidos si no se firmaba esa "reducción voluntaria". Además, ha explicado que esa medida se adopta con "carácter definitivo".
Neira ha apuntado que la reducción de jornada afecta a los auxiliares clínicos y a celadores, y que ya ha habido reducciones en limpieza, lo que no sirvió para evitar 27 despidos. También ha advertido de que esa merma en la jornada y en el salario afectará posteriormente a personal de Farmacia y Enfermería y, a la larga, "a todo el personal, excepto el colectivo médico".
Según el portavoz de CCOO, Xurxo Cabral, la empresa "está utilizando el miedo" para obligar a los empleados a ceder, y todos esos recortes se están reflejando ya en una merma de la calidad asistencial. Del mismo, la representante del SGPS, Ruth Vallejo, ha hecho un llamamiento al Sergas "para que obligue a Povisa a garantizar la estabilidad de la plantilla".
Acuerdo básico
A ese respecto, la portavoz de UGT, Fernanda Lozoya, ha recordado que existe un acuerdo básico del 2006, firmado entre el hospital y la Xunta, en el que se garantizaba no sólo la plantilla, sino la calidad asistencial. "La Xunta no está cumpliendo ese acuerdo", ha apostillado.
El comité de empresa ha puntualizado que, además de la imposición de jornadas reducidas, pese a que "el personal es necesario", la plantilla de Povisa viene sufriendo la congelación de su salario desde hace dos años, a lo que se suma una reducción del 12,5 por ciento por esas horas de menos trabajadas semanalmente, un 5 por ciento correspondiente a incentivos que también se les retiró, "y los atrasos que aún no han pagado".
Los representantes de los trabajadores han negado que estos ajustes tengan una motivación económica, ya que "la propia empresa ha reconocido que no sabe ni le interesa saber cuánto se va a ahorrar, ya que se trata de un problema estructural y no económico".
