PSOE y BNG piden consensuar un plan para luchar contra los abusos en el uso de la sanidad pública
Redacción. Santiago
Los portavoces en materia de sanidad de PSdeG y BNG, Modesto Pose y Ana Luisa Bouza, respectivamente, han coincidido en pedir al Gobierno gallego que presente un plan para combatir el fraude y los abusos en el uso de la sanidad pública y que sea debatido en el Parlamento gallego, con el fin de buscar “unanimidad”.
Por su parte, la diputada del PPdeG Marta Rodríguez-Vispo se ha felicitado por que los grupos de la oposición se hayan posicionado “a favor de la lucha contra el fraude sanitario” y se ha apoyado, precisamente, en la necesidad de eliminar conductas inapropiadas para rechazar que se retire del decreto que regula las tarifas de los servicios sanitarios una disposición que establece que pueden desarrollarse procedimientos para “repercutir en los usuarios los gastos ocasionados” como consecuencia “del uso irresponsable” de los servicios públicos.
Rodríguez-Vispo ha sostenido, durante el debate de la propuesta del BNG en la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Empleo, que esta norma no busca “perseguir” a los gallegos que hacen un buen uso del sistema sanitario, sino “combatir el fraude”. Enfrente, la autora de la incitativa para retirar esta disposición, la nacionalista Ana Luisa Bouza, ha considerado que el texto está “fuera de lugar” y que “no aclara, sino oscurece”, además de “abrir la puerta al copago sanitario”.
Por ello, ha propuesto que se presente un plan de lucha contra el fraude sanitario, en el que se detecten “las situaciones de abuso” y que se lleve al Parlamento para su debate. En el mismo sentido, Modesto Pose ha destacado la importancia de que los usuarios sepan que los servicios sanitarios implican, “además de derechos, obligaciones”, pero ha indicado que “hay que regularlo muy bien”, pues “se pueden cometer injusticias”.
En cualquier caso, ha indicado que para ello debería redactarse “una norma de otro rango”, en lugar de incluir posibles repercusiones en una disposición adicional de un decreto, y que esa propuesta normativa debe ser analizada en la Cámara gallega para buscar acuerdos.
