17 nov 2018 | Actualizado: 13:45

La Unió reclama "desterrar" la sanidad de batalla política catalana

Hace esta petición tras el rechazo a la moción del PSC de impedir la participación de proveedores privados en el Siscat

Enric Mangas, presidente de la Unió Catalana d'Hospitals.
La Unió reclama "desterrar" la sanidad de batalla política catalana
sáb 07 mayo 2016. 12.10H
Redacción
La Unió Catalana d'Hospitals, la patronal catalana de entidades sanitarias y sociales, ha reclamado "desterrar" la sanidad de la batalla política y recuperar el consenso que permitió la aprobación, hace 25 años, de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña.

Esta reivindicación llega después de que los diputados de Junts pel Sí, Ciudadanos y PP rechazaran en el Parlament de Cataluña una moción del PSC que proponía modificar el decreto del sistema sanitario del 2010, para que se imposibilitara la participación de proveedores con ánimo de lucro en la red pública sanitaria.

Según indica en un comunicado la Unió, los diputados "ratificaron el modelo sanitario" actual, en el que tienen cabida proveedores privados en la red Siscat, mayoritarios en la salud mental, en la atención sociosanitaria, en la rehabilitación y los servicios de limpieza, entre otros.

La pretensión del PSC "se basaba en la titularidad jurídica de las entidades y no en su capacidad técnica, resultados o grado de cumplimiento del contrato con la administración", considera la patronal. También recuerda que la sanidad catalana atiende unos ocho millones de personas, da trabajo a más de 100.000 profesiones, y "ha superado los peores años de crisis económica en 40 años", se afirma en la nota.

En el trasfondo de este debate sobre sanidad privada con ánimo de lucro y su papel en el sistema de salud público catalán se encuentra la anunciada expulsión de la Clínica del Vallès y el Hospital General de Cataluña como proveedores del Siscat, una vez finalicen los respectivos contratos, según anunció el consejero del ramo, Toni Comín.

Esta apuesta de Comín ha encontrado ya un primer escollo en forma de posibles expedientes de regulación de empleo que conllevaría la pérdida de actividad pública en esos dos centros sanitarios privados y que se estima podrían afectar a unos 250 empleados.
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