Aprobado el presupuesto de Comín bajo sospecha de inconstitucionalidad

El gobierno de Puigdemont logra sacar adelante los presupuestos de 2017 con 64 votos a favor, 61 votos en contra y siete abstenciones -de la CUP-, en un pleno en el que los intentos por parte de los portavoces del PSC, PP y Ciudadanos para aplazar la votación se han intentado hasta el final, sin éxito.

De este modo, los dos votos a favor de la CUP habilitan las cuentas la Consejería de Salud, pese a no considerarlas en su conjunto "sociales". En total, el consejero Antoni Comín dispondrá de 8.876 millones de euros, que ya detalló y aprobó en comisión de Salud a principios de este año. Este presupuesto supone 408,4 millones de euros más con respecto a los presupuestos de 2015 y con los que, según el consejero, "los recortes en salud se han revertido un 37 por ciento".

El ejecutivo catalán ha defendido que estos eran los mejores presupuestos posibles en el marco autonómico, con 1.521,1 millones de euros más destinados a políticas sociales, las cuales suman el 74,7 por ciento del total de los recursos, según ha defendido el consejero de Hacienda y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras. 

Aviso de inconstitucionalidad

Estos presupuestos, a los que la CUP ha dado el sí "solo por el referéndum", contemplan una disposición adicional para asignar los recursos necesarios con los que organizar y convocar un referéndum de independencia en Cataluña. Los 62 votos de Junts pel Sí y los diez de la CUP han bastado para validar la polémica disposición con la que pretenden "tumbar el régimen", según afirmaba la diputada Eulália Reguant, en el debate previo a la votación.  Los diputados de Cataluña Sí que es Pot se abstuvieron, mientras que PP, PSC y Ciudadanos no han votado en ningún sentido.

A raíz de esta disposición, los letrados del Parlament han avisado, en una nota leída ante todos los diputados del pleno por el vicepresidente de la cámara, antes de la votación, que la aprobación de la disposición adicional sobre el referéndum en los presupuestos de 2017 supondría "ignorar" la advertencia del Tribunal Constitucional.