CCOO alerta del riesgo de privatización sanitaria que esconde este modelo empresarial de gestión que se está implantando

Los sindicatos: las UGC son "el principio del fin" de la sanidad pública
Salvador Escribano (izquierda), de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Castilla y León.


10 ago. 2016 12:20H
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La puesta en marcha de las unidades de gestión clínica no hace más que dar motivos para desconfiar a los sindicatos. Desde CCOO llevan meses alertando de los riesgos que entraña este tipo de gestión sanitaria, cuyo objetivo, señalan, es el ahorro, como se explica en el proyecto del ministerio de Sanidad y que lo cifra en un 10% para su primer año en funcionamiento. "Desconocemos qué hay detrás de este empeño tan particular del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez-Aguado, pero lo que es seguro es que no tiene que ver con la mejora de la calidad asistencial", expone el sindicato. 

En CCOO se reiteran en su negativa rotunda a las unidades de gestión clínica, y lo explican bajo el argumento de que son el principio del fin de la sanidad pública, gratuita y universal en Castilla y León. "Aunque el consejero insiste en la mejora de resultados bajo este modelo empresarial de gestión, la verdad es que los resultados de las dos unidades que funcionaron de forma piloto hasta que la justicia obligó a desmantelarlas -lo que por cierto sólo se cumplió formalmente-, no demostraron ser mejores que los resultados medidos en Cartera de Servicios por cualquier otro servicio del hospital", alegan. 

Ahorro en la asistencia

Además tachan el proyecto de "decisión política ya tomada que implica la eliminación de 34 puestos de personal asistencial" y critican que se permitan las contrataciones a dedo y la desaparición, a partir del segundo año, de puestos de trabajo a criterio del director correspondiente. 

Por otro lado, también se preguntan de dónde saldrán los incentivos económicos anunciados por Sáez Aguado para los profesionales que trabajen en estas unidades. "Queda claro que sólo pueden venir de una menor contratación de personal y de ahorrar en la asistencia, seleccionando pacientes rentables, usando recursos materiales y tecnológicos más baratos o de peor calidad, disminuyendo pruebas diagnósticas o tratamientos, etc. Esto implica someter las decisiones de los profesionales a fines empresariales para así reducir el gasto, y puede darse la circunstancia de que estas unidades 'parasiten' el sistema cobrando al resto de servicios y a los centros de salud por cumplir sus solicitudes", argumentan desde CCOO.  
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