Asturias blinda por ley su Observatorio de Salud como órgano asesor

La Ley de Salud Pública asturiana estará abierta a aportaciones desde el próximo martes 21 de octubre. Y es que el Principado ha sacado a información pública la norma, con vistas a conseguir un texto definitivo de cara a 2026. 

Se trata de un texto normativo que hasta el momento no existía en la región y que blinda a golpe de ley, entre otras cosas, el Observatorio de Salud de Asturias. Un órgano de asesoramiento de la Dirección General competente en materia de salud pública cuyas funciones se vertebran en cuatro puntos básicos.

Entre ellos, la concepción, elaboración y mantenimiento del mapa de activos para la salud y de la lógica que lo fundamenta y acompaña, en colaboración con el resto de las Administraciones competentes; el apoyo al sistema de información y vigilancia en salud pública; el apoyo en la elaboración de información sobre salud, así como el asesoramiento en la definición de prioridades y la elaboración de políticas y programas de salud pública en el Principado de Asturias; y el análisis de resultados en salud de políticas, planes y programas implementados por distintos órganos o entidades políticos, técnicos o de participación desde los que se desarrollen políticas o actuaciones en salud.

Colaboración público-privada en Salud Pública

Otra de las 'bazas' que destacan en el texto es su referencia a la colaboración público-privada. Concretamente, es el artículo 51 el que establece las cuestiones a tener en cuenta en esta práctica.

Dicho apartado dicta que las colaboraciones entre las entidades públicas y privadas deben estar orientadas a la integración de la promoción y protección de la salud; a la participación en proyectos intersectoriales que mejoren la salud pública; a la contribución a la reducción de las desigualdades sociales en salud; a la realización de estudios, consultas e informes, en particular sobre condicionantes de salud; y a la ideación de campañas de información y difusión. 

Nueva Ley de Salud Pública

Así, el Principado de Asturias ha estructurado una nueva ley específica de salud pública con 82 artículos distribuidos en 6 títulos. ¿Su objetivo? Reordenar el sistema asturiano en este ámbito y reforzar su capacidad institucional. 

Aunque no solo la salud tiene cabida en la norma. El anteproyecto pretende incluir factores sociales, ambientales, laborales y educativos como coprotagonistas. E incluso introduce el principal One Health, que hace hincapié en la integración de la salud animal, humana y ambiental como una sola.

Además, esta ley define a los profesionlaes de salud pública dentro del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y fomenta la formación, docencia e información, con múltiples actuaciones enfocadas en la implementación de cursos. 

Por otro lado, el Plan de Salud del Principado pasa a tener una función de marco estratégico general. Aparte de ello, la norma introduce la evaluación del impacto en salud, reflejada en el artículo 37, como instrumento obligatorio para analizar los efectos de las normaes o proyectos sobre la salud y las desigualdades. 

Conflictos de intereses en el Sespa

También se regula la declaración de emergencias sanitarias y, de forma derivada a la introducción de esta ley, se añade un artículo 45 bis sobre conflictos de intereses. "Serán públicos, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente, la composición, los procedimientos de selección y los dictámenes y documentos relevantes de los órganos colegiados, incluidos los grupos de trabajo, que evalúen acciones en salud o realicen recomendaciones sobre intervenciones o tecnologías sanitarias, medicamentos, productos sanitarios y alimentarios y cualquier otro producto con efectos positivos o negativos en la salud, o ejerzan acciones que puedan influir en la toma de decisiones de las autoridades sanitarias o de órganos sanitarios", confirma el texto.

El Sespa establece un plazo de dos años a los programas de salud pública para adaptarse a los nuevos sistemas de información y vigilancia. Eso sí, todavía no se conoce el texto definitivo, ya que los ciudadanos tendrán hasta el 17 de noviembre para realizar sus aportaciones.