Sanidad e ISCIII acuerdan una acción conjunta en especialidades del Trabajo

Este martes, y en cumplimiento de la resolución del 26 de junio de 2018, se ha establecido un convenio entre el Instituto de Salud Carlos III y el Gobierno de Aragón para la formación de especialistas en Medicina y Enfermería del trabajo. Así lo refleja la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El convenio entre ambas partes, representada la del Instituto Carlos III por su director, Jesús Fernández; y la del Gobierno de Aragón por su consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, deja constancia de que algunas de las funciones del Instituto serán promover el conocimiento de las causas de la enfermedad profesional, posicionarse como un centro especializado para la formación en Medicina o contribuir a la mejora del sistema preventivo. 

Además, ambas partes manifiestan en el acuerdo que colaborarán en la realización por parte de los residentes de las actividades formativas que permitan la adquisición de los conocimientos teóricos requeridos en la primera etapa de los programas formativos de las especialidades de Medicina del Trabajo (MT) y de Enfermería del Trabajo (ET).

En definitiva, el convenio establece la colaboración del Instituto de Salud Carlos III, a través de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, y el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud, para realizar las actividades de formación e investigación necesarias en el desarrollo e impartición de la formación teórica incluidas en programa oficial de las especialidades de Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo, por el sistema de residencia.

El Instituto, por su parte, adquiere a través de este acuerdo varios compromisos que se fundamentan en las
necesidades de los programas oficiales de las especialidades de Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo, en el marco de lo establecido por el Ministerio de Sanidad y Consumo mediante la Orden SCO/1526/2005, de 5 de mayo. En este sentido, el Instituto se compromete a reservar las plazas necesarias para los residentes de Medicina del Trabajo de las Unidades Docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, a fin de que éstos puedan realizar la primera etapa formativa y el proyecto de investigación.

Y al mismo tiempo, mantiene el firme compromiso de reservar las plazas necesarias para los residentes de Enfermería del Trabajo de las Unidades Docentes Multiprofesionales de Salud Laboral de Aragón, a fin de que éstos puedan realizar cursos y talleres necesarios para impartición de la formación teórica de la especialidad en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, siempre y cuando el número total de residentes de enfermería del trabajo total garantice la viabilidad de la formación teórica.

Además, velará por la calidad científica de las actividades de investigación de los residentes de Medicina y Enfermería del trabajo colaborando, participando o coordinando dichas actividades, en aplicación de los acuerdos adoptados por las unidades docentes para el desarrollo de los itinerarios formativos y del programa oficial de cada especialidad.

Por su parte, el Gobierno de Aragón, adquiere, a través del Departamento de Sanidad, varios compromisos fundamentados en las necesidades del programa formativo oficial de la especialidad de Medicina y Enfermería del Trabajo. En este sentido, la comunidad autónoma facilitará a los residentes de la Unidad Docente los recursos del Departamento de Sanidad necesarios para la realización de la formación teórica definida en la primera etapa del programa formativo en vigor de ambas especialidades.

Por otro lado, hará cumplir el plan formativo de cada residente de Medicina del Trabajo y Enfermería del Trabajo en lo que se refiere a los objetivos académicos de las acciones formativas desarrolladas por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo garantizando los niveles de calidad de estas últimas, facilitando la labor de todas las figuras docentes, y llevando a cabo las evaluaciones de los residentes y de las estructuras formativas.

Estos compromisos derivados del convenio no supondrán, tal y como publica el BOE, un incremento del gasto
público para ninguna de las partes, ni darán lugar a derechos u obligaciones de contenido económico para las mismas.