La Universidad San Jorge de Zaragoza incorporó en el curso 2025-2026 el grado de Medicina. Un impulso a su amplia cartera de títulos universitarios sanitarios que ha generado ciertas críticas por parte de algunos potenciales alumnos, visibles en el perfil de esta institución en Google. "Su sistema de matriculación debería ser denunciado: la educación puede ser un negocio pero no un robo; preinscripciones pagadas de las que no devuelven dinero", manifestaba uno de ellos. "La Universidad San Jorge de Zaragoza cobra 800 euros por la prueba de acceso (preadmisión) al nuevo grado de Medicina, sin garantía de admisión ni devolución; es como si reservaras en un restaurante y te cobraran antes de decirte si hay mesa, sin devolverte el dinero si no hay sitio; así funciona el acceso al nuevo grado de Medicina en la Universidad San Jorge de Zaragoza", manifestaba otra de las críticas.
Una política económica que, si bien ha cambiado en las cantidades a pagar para quienes quieran cursar sus estudios (sobre todo Medicina) en este centro para el futuro curso 2026-2027, podría vulnerar derechos básicos de los futuros estudiantes y rozar el abuso contractual. Esto se debe a su normativa de admisión, la cual establece que la tasa de preadmisión, de 195 euros, “no se devolverá en ningún supuesto” y que la reserva de plaza en el Grado de Medicina, de 3.500 euros, tampoco es reembolsable salvo si el candidato no logra superar la vía de acceso. Además, sostiene que el pago de esta última “queda completamente ejecutado como servicio desde el momento del abono” y que, en consecuencia, el derecho de desistimiento no resulta aplicable según el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). Preguntada por Redacción Médica, la Universidad San Jorge ha declinado realizar declaraciones, confiando en la legalidad de sus procesos.
El planteamiento de la Universidad San Jorge, que además de Medicina oferta otras titulaciones sanitarias como Bioinformática, Bioinformática y Farmacia, Biomedicina, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia y Psicología, sitúa toda la carga sobre el estudiante, que se ve obligado a adelantar cientos de euros sin posibilidad de recuperar el dinero, aunque el curso no llegue a iniciarse.
Desde una lectura jurídica estricta, esa posición es difícil de sostener y, de hecho, podría calificarse de abusiva. Así lo advierte Nerea Rodríguez Aglio, abogada del departamento civil de Bufete Prolegue, quien considera que la institución que dirige Silvia Carrascal está negando derechos reconocidos por ley. El hecho de que se establezca por parte de la Universidad San Jorge de Zaragoza que “la tasa del proceso de preadmisión no se devolverá en ningún supuesto”, así como que “de conformidad con lo establecido en el artículo 97.1.m) TRLGDCU, el derecho de desistimiento no es aplicable a la tasa de reserva de plaza de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del TRLGDCU.”, según la jurista, podría llevar "a que ambas cláusulas fueran declaradas nulas de pleno derecho".
La letrada recuerda que existen resoluciones judiciales que han reconocido el derecho de desistimiento en situaciones muy parecidas, cuando el estudiante formaliza una matrícula o reserva antes del inicio del servicio educativo. “Existen varios Tribunales que han reconocido el derecho de desistimiento en supuestos similares al que nos ocupa, en ellos, con carácter previo se suscribe una matrícula de postgrado debiendo abonar un importe por la misma, procediendo su devolución en caso de desistimiento por parte del consumidor, tal y como declaró el Tribunal Supremo”, explica Rodríguez Aglio.
"Si el curso no ha comenzado, la enseñanza no se ha prestado"
La jurista subraya además que el derecho de desistimiento es irrenunciable. Tampoco pueden presumir que un servicio ha sido “completamente ejecutado” solo porque se haya recibido un pago. Si el curso no ha comenzado, la enseñanza no se ha prestado. “El plazo mínimo para ejercitar el derecho de desistimiento es de catorce días naturales ex. artículo 71.1 TRLGDCU, no obstante, si el empresario no hubiera cumplido con el deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento, el plazo para su ejercicio finalizará doce meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, ex. artículo 72.3 TRLGDCU”, precisa la abogada.
La posición de la Universidad San Jorge (que considera que el mero hecho de reservar una plaza agota el servicio y excluye cualquier devolución) desnaturaliza el equilibrio entre las partes y vacía de contenido las garantías del consumidor, en opinión de esta abogada. En la práctica, el estudiante asume todo el riesgo económico de un proceso que todavía no ha culminado, mientras la universidad se blinda frente a cualquier contingencia. “Asimismo, es importante poner de manifiesto que el derecho de desistimiento no puede comportar ningún tipo de penalización para el consumidor”, recalca Rodríguez Aglio.
A la luz de este razonamiento jurídico, la política de admisión de la Universidad San Jorge de Zaragoza se alejaría de las exigencias legales de transparencia y proporcionalidad. La cláusula de “no devolución en ningún supuesto” y la exclusión automática del derecho de desistimiento no solo carecen de amparo jurídico suficiente, sino que podrían constituir un abuso de posición contractual incompatible con la legislación de consumo, explica esta jurista.
En este sentido, en base al razonamiento expuesto por la letrada, el modelo de admisión de la Universidad San Jorge plantea un serio conflicto con los principios de equidad y protección del consumidor, abriendo la puerta a posibles reclamaciones ante las autoridades competentes o incluso a una revisión judicial de sus cláusulas contractuales.
REGÍSTRATE GRATIS
PARA SEGUIR LEYENDO
¿Ya eres premium? Inicia sesión
Aviso importante
El usuario desde el que está intentando acceder a este contenido no está registrado como profesional autorizado para acceder a esta información. Esta noticia informa sobre novedades farmacológicas y, por ley, está reservada a profesionales de la salud habilitados para la prescripción o dispensación de medicamentos.
Volver a la portada de Redacción Médica
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.