Vox desbloquea el presupuesto andaluz con dos exigencias sanitarias

Los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2019 han comenzado este miércoles su tramitación parlamentaria después de que Vox haya decidido levantar el veto a las cuentas presentadas por el bipartito PP-Ciudadanos, que ostenta el Gobierno de la Comunidad.

Para desbloquear las cuentas, el grupo parlamentario presidido por Francisco Serrano ha logrado arrancar a la coalición un documento con un total de 34 medidas que deberán aplicarse a lo largo de la presente legislatura. Del total, tan sólo dos de estas exigencias son de carácter sanitario, aunque se incluyen otras que, por su naturaleza transversal, afectan también a este ámbito.

Medidas sanitarias

De este modo, la primera de las dos medidas sanitarias recogidas en el documento, que previsiblemente será firmado por los tres partidos este jueves, es el “control presupuestario y administrativo de la contratación de personal temporal en las fundaciones de investigación sanitaria”.

“De cara a reforzar el régimen de contratación de personal temporal por parte de las Fundaciones de Investigación Sanitaria de la Junta de Andalucía, se elimina la exoneración de control que se había establecido para las mismas en el art. 13,3 del Proyecto de Ley”, reza el texto.

La segunda medida de tipo sanitario añadida en este acuerdo tiene que ver con la “investigación en I+D a partir del análisis de Big Data del Servicio Andaluz de Salud (SAS”. Sobre este aspecto las tres formaciones signatarias consideran que “la ingente cantidad de datos con que cuenta el SAS ( y la calidad de los mismos ) supone una fuente valiosísima de información que debe ser explotada mediante técnicas de big-data para realizar proyectos de I+D”.

Por ello, “se pondrán en marcha mecanismos que permitan tratar esa información de forma masiva, vinculado al desarrollo de proyectos de investigación”.

Exigencias de carácter general

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La investigación en I+D a partir del análisis de Big Data del SAS es una de las medidas sanitarias

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Asimismo, entre las más de 30 exigencias se encuentran una serie de medidas que, por su carácter transversal, afectan a toda la Administración andaluza y, por extensión, al ámbito sanitario.

Es el caso de la limitación temporal de la contratación excepcional de personal laboral fijo. En este sentido, los tres partidos políticos han acordado establecer “una limitación adicional para la contratación de personal laboral fijo sujetando el plazo temporal de vigencia de dicha medida a la finalización de las causas de urgente necesidad que motivaron la contratación”.

Del mismo modo, una de las medidas de carácter general que afectará también al personal directivo sanitario es aquella que contempla un “incremento de las salvaguardas de los principios de mérito, capacidad e idoneidad en la contratación de personal directivo profesional”

Además, el documento recoge una serie de apartados dirigidos para “racionalizar la
estructura de los diferentes entes públicos" o un plan para la revisión completa de “los objetivos estratégicos en materia de subvenciones” de las distintas Consejerías.

La inmigración irregular entra en el acuerdo

Por otro lado, el control de la inmigración ha sido una de las grandes bazas electorales de Vox, que pese a no haber entrado en el Gobierno andaluz sí que ha conseguido incluir en su agenda algunos aspectos como este en cuestión.

Así, la formación de Francisco Serrano ha logrado incluir en el acuerdo una “propuesta de convenio con las Fuerzas de Seguridad en materia de inmigración irregular” y que afectará a diferentes Consejerías, como puede ser la de Salud, dirigida por Jesús Aguirre, del Partido Popular.

Sobre esta cuestión, el texto del acuerdo sugiere una “tramitación de una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico y de gestión de la administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular”.

De esta forma, se creará “un órgano de coordinación en dicha Secretaría General para tal objetivo, y permita mejorar la coordinación con el resto de Consejerías y entidades de la Junta de Andalucía en las materias y objetivos que se desarrollen en el Convenio”.