La Consejería de Inclusión Social responde a las críticas enfermeras garantizando una cobertura sanitaria ágil

Loles López Gabarro, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
Loles López Gabarro, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.


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"Mejorar la atención de las personas dependientes que viven en centros residenciales y sus derechos". Esa es la intención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía, a cargo de Loles López Gabarro, con el proyecto de orden por el que se regulan los requisitos materiales, funcionales y de calidad necesarios para la puesta en funcionamiento y acreditación de los centros y servicios para la atención de personas mayores en la región. Una iniciativa que pretende adaptar una normativa ya "obsoleta" y que cuenta con "ratios bastante más bajos" en cuanto a cuidados.

El cuestionamiento ha llegado de parte del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) que ha expresado su preocupación porque dicho proyecto "supondrá un cambio sustancial de los recursos humanos y del papel de nuestros profesionales enfermeros en el ámbito residencial", ya que -de aprobarse- se "puede llegar a eliminar la ratio mínima exigible de profesionales de Enfermería, que se situaba en 0,04 enfermera por residente". El CAE ha considerado que esto "representa un grave retroceso en la calidad asistencial, especialmente ante el escenario de necesidades de salud de la población" andaluza.

Sin embargo, desde la Consejería el planteamiento es distinto. Tal como han explicado a Redacción Médica, "los centros deberán adaptar su atención al perfil de las personas que vivan en las residencias" y, sobre todo, han puesto especial énfasis en que "la atención sanitaria es responsabilidad del sistema sanitario público de Andalucía que garantizará, en todo caso, el mismo nivel de acceso a la cartera de servicios para las personas mayores, independientemente de que estas residan en domicilios particulares o colectivos".

En ese sentido, la atención sanitaria se prestará desde los dispositivos de Atención Primaria, a través de la atención especializada y hospitalaria, y contará con la colaboración de profesionales que presten servicios en los propios centros residenciales. "Somos conscientes de la importancia de profesionales especializados en materia de Geriatría en todos los ámbitos y a todos los niveles de formación y especialización, si bien lo importante  es el bienestar de nuestros dependientes, vivan donde vivan, en ello nos encontrarán", ha zanjado la Consejería de Inclusión Social.

Exigencias del CAE


En el comunicado emitido por el CAE, consideraba prioritario mantener la ratio mínima de enfermeras y enfermeros en los centros asistenciales de la comunidad y que "de ningún modo, se aborde desde una perspectiva puramente economista", ya que los cuidados debían ser proporcionados por profesionales expertos en su área.

Por su parte, un punto que la Consejería de Inclusión Social ha querido destacar es que, pese a que el proyecto estuvo en periodo de información pública, "no se han recibido alegaciones ni aportaciones del citado consejo". Además, han resaltado que dicha iniciativa está basada en la Ley General de Sanidad, la Ley General de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, así como el Acuerdo del Consejo Territorial, que regula la acreditación y criterios comunes de los centros y servicios en materia de dependencia.
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