La aprobación de 60 plazas a la facultad de Islas Baleares reabre el debate académico en el sector sanitario

¿Para qué quiere España una nueva facultad de Medicina?
Francina Armengol; Martí March; Patricia Gómez; Víctor Expósito; Ricardo Rigual; y Carlos Moreno.


19 may. 2016 19:30H
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Guerra abierta en la formación sanitaria. La inminente apertura de la nueva facultad de Medicina de la Universidad de Islas Baleares, después de la aprobación de 60 plazas por parte de la Conferencia General de Política Universitaria, ha reabierto el debate sobre la necesidad de contar o no con nuevos centros de formación de médicos. España suma, para la convocatoria 2016-2017, un total de 42 facultades de Medicina.

Para la presidenta del Gobierno de Islas Baleares, Francina Armengol, que ha venido siendo una de las principales promotoras de esta iniciativa, la nueva facultad es necesaria por ser una apuesta “estratégica” de esta legislación. “Hace un año se hablaba de recortes en Educación. Un año después hablamos de invertir en Educación y en investigación, que son elementos claves para mejorar nuestro modelo económico y que no dependa sólo de los servicios”, ha insistido.

A favor de la iniciativa también se han pronunciado otros representantes, como Martí March, consejero de Educación; Llorenç Huguet, rector de la Universidad de las Islas Baleares y Patricia Gómez, consejera de Salud. Todos han destacado el valor que tendrá la facultad para los ciudadanos y estudiantes de la región. Los gastos no parecen preocupar a quienes están a favor, especialmente al presidente del Colegio de Médicos de Baleares, Antoni Bennàssar, quien ha apuntado que “lo económico no debe ser un argumento en un contexto insular como el de Baleares”. En este sentido, argumenta que una facultad de medicina “devuelve también al territorio que la acoge una buena parte de la inversión”.

Los seguidores de la nueva facultad balear también argumentan que evitará que los estudiantes de la región se vean obligados a viajar a otras comunidades autónomas para cumplir con su vocación profesional. En este sentido, recuerdan que hasta la última convocatoria eran, junto con La Rioja, las únicas que carecían de facultad en toda España. Unos argumentos que, sin embargo, no terminan de convencer a Laura Camargo, portavoz parlamentaria de Podemos, quien ha asegurado que “el Govern se está gastando un dinero que no tiene”.

Una visión académica

Víctor Expósito, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), no quiere más facultades de Medicina en España. Para él, la iniciativa de la Universidad de Islas Baleares solo responde al interés de “apuntarse un tanto político”, ya que “se han utilizado argumentos nacionalistas,  en los que se expresa que son una de las pocas autonomías sin una facultad de Medicina o que su implementación es un valor añadido para aumentar el prestigio de la región”. Las razones no convencen al CEEM, quien considera que “se está utilizando la vocación del estudiante para mejorar una imagen política”, sentencia.

el riesgo de caer en el paro
Una de las preocupaciones del aumento de los númerus clausus es su traducción en un incremento en el paro médico o inmigración. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha revelado que, para abril, la tasa de desempleo repuntó un 13,17 por ciento, hasta los 13.079 demandantes.  Lo que se traduce en el mayor pico registrado en el actual ejercicio.
La preocupación de los estudiantes también aboga por la sostenibilidad del proyecto. “La media de inversión por alumno en España es de unos 6.300 euros, pero en Baleares solo llega hasta 4.400. Sin embargo, no es el único caso, ya que los fondos destinados a las áreas de investigación y docencia tampoco llegan a la media nacional”, recalca Expósito.

La apertura de nuevas facultades de Medicina tampoco agrada al Foro de la Profesión Médica que, en marzo de este año, se pronunció contra el aumento de los númerus clausus, ya que consideran que equivale a una mayor cantidad de profesionales en paro, en situación precaria u obligados a emigrar. En este sentido, han propuesto un equilibrio más férreo entre estudiantes de grado y plazas MIR.

Desde el Foro indicaron que “existe el error común a pensar que el número de plazas MIR debe regularse a partir de los númerus clausus, pero esto no soluciona el problema de desempleo sanitario, por lo que la estrategia es realizarlo en el sentido contrario”. En este sentido, la fórmula planteada es que el paro en cada una de las especialidades sea el indicador que ayude determinar la oferta MIR para cada una de las convocatorias y que, a su vez, sean las plazas de residencia las que condicionen al número de estudiantes de Medicina en las facultades.

La Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina también ha ratificado su rechazo. El presidente de la organización, Ricardo Rigual, fue uno de los encargados de liderar un informe contra el proceso de nuevas aperturas, donde se resumen al menos una decena de argumentos que demuestran que se trata de una iniciativa “que resulta tan innecesaria como inconveniente”. Una información que ha contado con el respaldo en su totalidad de los miembros del Foro de la Profesión Médica.

El Ministerio de Sanidad tampoco se ha mostrado a favor de querer más facultades de Medicina. El director general de Ordenación Profesional, Carlos Moreno, ha reconocido que comparte con estudiantes y decanos la preocupación por esta iniciativa. Sin embargo, lamenta que haya poco que pueda hacer en esta materia, ya que "en el ámbito de las universidades hay una doble autonomía: la regional y la universitaria". De esta manera, pide que estos proyectos se tomen “con vista de futuro” y teniendo en cuenta “la importancia de dar la mejor formación a los estudiantes para que el Sistema Nacional de Salud (SNS) siga siendo puntero en todo el mundo”.

Con España como el segundo país con la tasa más alta de estudiantes de Medicina por número de habitantes, sólo superado por Corea del Sur, las dudas sobre las necesidades de abrir nuevas facultades de Medicina siguen en el aire. Al mismo tiempo, algunas autonomías como Canarias, Cataluña y Navarra agilizan sus proyectos para que, en las próximas convocatorias, cuenten con sus nuevas facultades.
 
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