La responsabilidad de los profesionales tras la reforma de la norma genera discrepancias



8 jun. 2015 21:10H
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Ricardo Martínez Platel. Madrid
La reforma del Código Penal, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, será abordada en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario del 15 al 17 de octubre en la sede del Colegio de Médicos de Madrid. Así ha quedado de manifiesto en la reunión de la comisión científica de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), que preside Ricardo De Lorenzo,  celebrada en la Real Academia Nacional de Medicina.

De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), toma la palabra durente la comisión científica.


La nueva normativa introduce algunos específicamente sanitarios como la posibilidad de incluir perfiles de condenados en la base de datos de ADN, para dar cumplimiento a las exigencias del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007. Y se incorporan las conductas descritas en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de abril de 2014, sobre falsificación de productos médicos y otros delitos similares que suponen una amenaza para la salud pública.

Por fin,  se reconoce como delito de atentado las agresiones que sufran los médicos en el ejercicio de su cargo, introduciéndose una nueva definición del atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente, pero en la que no se equipara el empleo de violencia sobre el agente con la acción de resistencia meramente pasiva, que continúa sancionándose con la pena correspondiente a los supuestos de desobediencia grave.

Se refleja de manera explícita que en todo caso se considerarán actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas. Además, la cita tratará la regulación de los biosimilares, el baremo de daños sanitarios, los contagios epidemiológicos desde una perspectiva legal, las subastas de medicamentos, la dimensión jurídica del 'big data' o la regulación de las unidades de gestión clínica. 

Luis Calvo e Íñigo de Miguel, vocales de la AEDS. A la derecha, Ricardo De Lorenzo y Alfonso Atela, vocal de la AEDS. 


María Castellano, catedrática de Medicina Legal, saluda a José Luis Álvarez-Sala, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. A la derecha, Julio Sánchez Fierro, vicepresidente 1º de la AEDS, junto a Ofelia De Lorenzo, tesorera de la AEDS.


Ofelia y Ricardo De Lorenzo dialogan con José Guerrero Zaplana, magistrado del Tribunal Supremo. Antonio Bascones, catedrático de Medicina y Cirugía Bucofacial; y José Luis Álvarez-Sala.


Miguel Bajo, catedrático de Derecho Penal, y Eduardo Martín, presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario. María Castellano y Julio Sánchez Fierrro.


Juan Abarca Cidón, vicepresidente 2º de la AEDS y Ricardo De Lorenzo. Alfredo Montoya Melgar, catedrático de Derecho del Trabajo, saluda a De Lorenzo.


Manuel Díaz-Rubio, catedrático de Patología Clínica Médica de la Universidad Complutense, y Ricardo de Lorenzo. El magistrado Guerrero Zaplana e Ignasi Pidevall, vocal de la AEDS.


Juan Abarca Cidón y Ofelia De Lorenzo. Ricardo De Lorenzo y Antonio del Moral, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo.


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