A 500.000 firmas y 9 meses de una ley contra los abusos a eventuales

Este viernes se ha registrado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular para crear una norma que establezca las consecuencias que para la Administración supongan “la concatenación de contratos o nombramientos en fraude”. Es decir, la ley que marcaría las sanciones por hacer contratos temporales que supongan un abuso para el trabajador del Estado como, por ejemplo, los sanitarios contratados por los distintos servicios públicos de Salud autonómicos. Ahora quedan por delante 9 meses para lograr las 500.000 firmas que son necesarias para que prospere.

Según se indica en el preámbulo de la misma, “por lo convulsa de la situación política actual”, no se han visto otras alternativas para lograr la configuración de dicha normativa. “Son muchos los elementos que deben conjugarse en la solución del  problema debiendo asumir que se debe dotar de estabilidad laboral a dicho  personal si se realizan actuaciones ilícitas o fraudulentas en la función pública”, añade el documento.  “Con base en el Estatuto Básico del Empleado Público se contemplan dos  supuestos para solventar el problema de la gran bolsa de interinidad existente.  Por un lado, la creación de procedimientos de consolidación de empleo en los  casos de prestación de servicios anteriores al 1 de enero de 2.005, procesos  que se han visto claramente insuficientes. Otra solución es el reconocimiento  de la condición de personal laboral indefinido que en atención a la  jurisprudencia del Tribunal Supremo se reconoce expresamente como no fijo.  No se trata de crear funcionarios por cuanto éstos son los únicos que pueden  tener plaza fija en las relaciones de puestos o catálogos de trabajo”, añade.

En este sentido, supone un nuevo movimiento en contra de esta política de contratos laborales después de que la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara mediante sentencia que la renovación de contratos temporales de forma sucesiva de una enfermera española por parte del Servicio Madrileño de Salud para cubrir en realidad un puesto permanente genera precariedad laboral no se ajusta a las normas europeas, dado que sólo se puede recurrir a ello para cubrir necesidades de personal temporales.

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