Confía en que la medida se generalice en las demás autonomías



29 nov. 2013 14:40H
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Redacción. Madrid
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha recibido con satisfacción el anuncio del Gobierno de Aragón de introducir a partir de 2014 una deducción fiscal del 10 por ciento de las primas pagadas por la contratación de seguros médicos en caso de contribuyentes con rentas inferiores a 50.000 euros en declaración conjunta y 30.000 euros en declaración individual. En un comunicado, el IDIS ha señalado que este anuncio “reconoce la desgravación fiscal sanitaria como medida oportuna y beneficiosa para el Sistema Nacional de Salud (SNS), al que los seguros descargan de presión asistencial y financiera”. Asimismo, ha remarcado su confianza en que la medida se generalice en las demás autonomías.

Javier Murillo,
presidente del IDIS.

Esta medida, que se incluye en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales aprobado por el Consejo de Gobierno de Aragón este jueves, recoge una deducción, en los términos ya señalados, sobre la cuota integral autonómica por gastos de primas de seguros individuales de salud que tengan carácter voluntario. Además, los ciudadanos podrán deducir el 50 por ciento de las primas de seguros por hijos, siempre que cumplan con la normativa que regula los criterios de deducción por descendientes en declaraciones conjuntas. Por otra parte, se excluyen de estas deducciones las primas de seguros de asistencia dental y las mutualidades de seguros de los trabajadores públicos.

El IDIS recuerda que más de siete millones de personas cuentan con aseguramiento privado, haciendo poco uso de los recursos de la sanidad pública, por lo que la incorporación de estas deducciones, que facilitan la contratación de seguros privados, tiene consecuencias positivas para la sanidad pública, la sanidad privada y, especialmente, para las familias, que ven como se abarata el coste de sus seguros.

Así, el IDIS señala que el incremento del número de asegurados “redundará en un menor uso de los servicios públicos, generando un ahorro para el Estado que podría llegar hasta los 1.500 millones anuales, además de mejorar la accesibilidad del SNS para el resto de la población y disminuir las listas de espera. Además, una mayor demanda de los recursos sanitarios privados supone también “crecimiento económico y de empleo”.
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