Los ministros de Empleo, Fátima Báñez, y Economía, Luis de Guindos.
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Redacción. Madrid
Finalmente, ni la Ley de Mutuas ni la de Colegios Profesionales han pasado por un Consejo de Ministros copado por la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, una de las medidas más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy. Consciente de la necesidad de tener que explicarla dado las dudas y, directamente, el rechazo que ha generado, el Ejecutivo ha preferido centrarse en ella en perjuicio de otras medidas ‘potentes’, si bien con menor alcance ciudadano.
Durante esta semana se han filtrado ambos anteproyectos (publicados por Redacción Médica), en previsión de testar el ambiente previo a su aprobación. Con respecto a la Ley de Mutuas, Primaria se mostraba conforme tras la eliminación de la posibilidad de que estas pudieran acceder a la historia clínica o dar el alta al trabajador si el médico de cabecera no respondía en el plazo de cinco días, manteniendo así la confidencialidad del paciente.
En el redactado final se establece que la mutua puede proponer el alta de un trabajador este médico, que debe estimarla o rechazarla en un plazo de cinco días. Tras dicho periodo de tiempo, la mutua podrá solicitar el alta al INSS, que tendrá otro plazo de cuatro días y el compromiso de dar una respuesta. Otro punto destacado por Primaria ha sido el del reconocimiento de que los profesionales del SNS puedan acceder a las pruebas complementarias realizadas por las mutuas.
En lo referente a la Ley de Colegios Profesionales, y siguiendo con las mutualidades, la nueva versión incluye una moratoria de tres años para los regímenes de incompatibilidad que solo afecta a aquellas que acojan corporaciones colegiales con la condición de socio protector, como Mutual Médica en el caso del sector sanitario. Sin embargo, esta medida no atañe a otras como AMA o PSN.
Además, se limitan los mandatos colegiales a ocho años y se hace imprescindible la presentación de declaraciones de conflicto de intereses antes de acceder al cuerpo directivo. También se incluye la obligatoriedad de que los colegiados cumplan el código deontológico y la reducción del techo máximo en las cuotas, que pasan a 240 euros anuales para desempleados.
El anteproyecto filtrado esta semana y publicado por Redacción Médica recoge, por otro lado, el procedimiento a través del cual el Estado puede intervenir en un colegio en caso de que éste no cumpla con sus funciones públicas.
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Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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