La información de los pacientes solo se transferirá a centros de investigación autonómicos



29 ene. 2015 12:26H
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Redacción. Barcelona

Josep Maria Argimon i Pallàs,
director de la Aquas.

Cataluña da un paso atrás en su proyecto original VISC+ al vetar toda participación en él de entidades privadas, según ha dado a conocer este jueves la Consejería de Salud. La decisión se enmarca en la parálisis parlamentaria del también llamado big data sanitario a raíz de una moción de ICV- EUiA contra su desarrollo al dudar de si respetaba la privacidad de datos de los historiales de los pacientes, y fue respaldada por todos los grupos políticos, CiU incluida, el pasado 30 de octubre. 

El proyecto VISC+ consiste, en efecto, en la transferencia de datos sanitarios de los pacientes catalanes a los centros de investigación, y ha recibido numerosas quejas no solo de partidos políticos, sino también de comités de bioética por el riesgo de lucro ilícito y vulneración de la privacidad, ha informado en un comunicado este jueves la Agencia de Calidad y Evaluaciones Sanitarias de Cataluña (Aquas, por sus siglas en catalán), impulsora de la iniciativa.

La reorientación del proyecto tras las críticas se basa en dos ejes: la financiación de VISC+ estará asumida de forma íntegra por el Ejecutivo autonómico con fondos públicos, y la información de los pacientes solo se transferirá a centros de investigación de Cataluña, y no internacionales como se había apuntado de forma inicial, han informado dos medios de comunicación regionales.

VISC+ es un proyecto estratégico del departamento que encabeza Boi Ruiz y “dada su importancia y complejidad se considera necesario contar con el máximo apoyo para su despliegue”, según ha apuntado la Aquas, que ha añadido que, por este motivo, se ha apostado por redefinirlo.

Fuentes de la organización han concretado, asimismo, que la Aquas ejercerá la gobernanza del proyecto, efectuará la inversión, lo gestionará y operará y “será la responsable del establecimiento de la estrategia global”, un ámbito que incluye la elaboración de un código ético y de políticas de seguridad y transparencia.

“Al mismo tiempo, la Aquas realizará el proceso de anonimación de los datos y la aprobación de las solicitudes de los estudios” que requieran el uso de información de los pacientes, ha precisado. También ha explicado que, debido a la exclusión de empresas privadas del proyecto, “la inversión será limitada”, por lo que será menor a los 25 millones de euros inicialmente previstos para impulsar el proyecto.

“El despliegue del proyecto mediante esta fórmula podrá dar respuesta a un número limitado de estudios y de menos complejidad de lo que se había previsto inicialmente”, ha destacado. Para la financiación, la Aquas optará a recursos provenientes del fondo Feder europeo y “otros fondos competitivos que se puedan captar para obtener recursos adicionales”.

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