Hacienda convierte a los médicos en sospechosos de fraude

Los profesionales sanitarios viven inmersos en una inquietud y nerviosismo constantes desde hace meses. De manera inesperada, se han convertido en objeto de deseo fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. Después de que los laboratorios farmacéuticos hicieran públicos sus pagos y transferencias de valor a este colectivo en un ejercicio de transparencia a escala europea, la ‘lupa’ ha cambiado su dirección, poniendo en el desfiladero la formación médica tal y como la conocemos.

Quién iba a decir que una iniciativa cargada de buenas intenciones (o al menos así parece de cara a la galería) iba a provocar el terremoto que está sacudiendo al sector sanitario, particularmente al médico. Hace unos años, para ‘limpiar’ su imagen de cara a la sociedad y poner las cartas sobre la mesa, la industria farmacéutica europea decidió transparentar sus relaciones con profesionales y sociedades científicas, para lo cual se puso como límite 2016 para publicar todas las transferencias de valor a este colectivo de manera individualizada. Y ha cumplido con su compromiso. Solo en España y en 2015, la industria del medicamento pagó unos 496 millones de euros.

Dentro de las citadas transferencias de valor, se encuentra la formación médica y sanitaria que proporcionan a los profesionales los laboratorios mediante patrocinios, viajes, alojamientos, dietas… Un jugoso pastel monetario ahora desvelado y sobre el que ha puesto el foco la Agencia Tributaria, que planea cobrar impuestos a los profesionales por él, y que podría hacerlo hasta 2012, tal y como indican desde el departamento que en funciones dirige Cristóbal Montoro.

Serafín Romero, vicepresidente de la OMC.

“La Agencia Tributaria siempre ha querido meterle mano a este sector”, indican fuentes fiscales del ámbito sanitario. “El problema es que hasta ahora estas actividades eran opacas, y para poder averiguar su entidad había que hacer inspecciones. Había que pedir cuentas a las empresas, qué se ha comprado y pagado, quién lo ha recibido… Aunque se tenga el olfato para percibir estas cosas en la inspección, hay que armar un expediente jurídicamente, que no es sencillo. Una empresa puede pagar un viaje, pero no se sabe a quién se lo ha pagado cuando se declara. No es fácil establecer la causalidad, y si no se hace un juez lo echa abajo”.

Sin embargo, la transparencia de la industria ha derribado estas barreras, y los subordinados de Cristóbal Montoro. “Además, la administración tributaria tiene un concepto muy importante que es el del miedo. Una vez que empitonas a un par de médicos… el efecto va a ser multiplicador. La gente se acojona”.

Frente unido

El desasosiego entre los médicos, principal colectivo sanitario afectado por la iniciativa de Hacienda, es mayoritario, y advierten de que el escenario de la formación médica continuada puede cambiar y quedar dañado de forma irreparable. “La situación es nueva, y el escenario complejo. Fiscalizar y demonizar hasta cierto punto el tema formativo puede generar, y está generando ya, cambios importantes. Pero, ¿por qué esto no está ocurriendo en otras profesiones?”, se pregunta Serafín Romero, vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC).

A pesar de que Romero reconoce que “la formación médica está en manos de la industria”, también advierte de que la situación no se puede llevar a “cargar o sobrecargar el hecho de la fiscalidad. Cualquier pago que haga el laboratorio ya es asumido por él, y los datos del médico siempre han sido registrados”. Una visión similar comparte Carlos Macaya, presidente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (Facme), quien indica que “la administración sanitaria y tributaria tiene que entender que la formación no es una opción, sino una obligación, un deber deontológico, y por tanto el empleador debe ser el primero incluso en exigirla”. Del mismo modo, recuerda que, en el 90 por ciento de los casos, son las sociedades científicas las que se responsabilizan de ella (aunque sea bajo financiación de las compañías farmacéuticas). 

Ambas organizaciones van a formar un frente común para negociar con Hacienda, y dibujan posibles alternativas de cara al futuro. Romero considera necesaria la intermediación de un actor de la administración en esta cuestión: “Tiene que haber algún  sistema intermediario de apoyo, y creemos que tiene que ser desde el ámbito público, y una reconversión de la sociedades científicas, y que sean ellas las que acaben financiando a sus socios después de recibir fondos de laboratorios”.
Macaya añade a este tapiz poner un límite a los gastos. “Habría que poner un tope de cantidad. Dimensionarla. No es necesario para ir a formarse ir a un hotel de cinco estrellas y comer en marisquerías. No se puede ir en ‘bussinnes’”, explica.

Sin embargo, también hay disensiones entre ambas organizaciones. Facme considera que “primará el sentido común, puesto que si no los buenos profesionales van a dejar de ir a los congresos y a dar charlas a Estados Unidos”, y espera que las cosas sigan como están. En cambio, la OMC apuesta por aprovechar la amenaza para cambiar el tablero de juego de la formación continuada. “Hasta ahora las administraciones han mirado a otro lado y los laboratorios han asumido excesivo protagonismo en este tema. Los médicos no hemos entendido nuestro papel del todo. Tenemos que valorar escalones intermedios y aprovechar la oportunidad para favorecer la formación sanitaria”.


Judicialización intensa

Por otro lado, ¿tienen cabida legal los planes de Hacienda? “Hay que conocer la formulación concreta de la fiscalidad, si tiene encaje en las normas o no. Y si no lo tiene, si se van a hacer cambios encaminados a que lo tenga. Todo es muy relativo. Falta información sobre los términos en los que se están planteando el asunto. Una cosa es que se haya anunciado y otra cómo se vaya a plantear. Eso es crucial”, indica Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, quien también descarta que la administración pública pueda entender que los profesionales hayan cometido algún tipo de fraude al no haber tributado por su formación durante los últimos años.

El presidente de Facme, Carlos Macaya.

Con todo, y cerrando la vertiente legal del asunto, se espera una marea de contenciosos legales extrema por esta cuestión de cara al futuro, máxime teniendo en cuenta que lo que plantea la Agencia Tributaria es analizar caso por caso, médico a médico, pago por pago. “Estos expedientes al final se van a recurrir, van a ir a un juez. Va a haber una judicialización intensa”, indican fuentes del estamento tributario.

Sin noticias de Sanidad

En lo que coinciden todas las partes es en que el Ministerio de Sanidad tiene que tomar cartas en el asunto. Esperan que el departamento que en funciones dirige Fátima Báñez se erija como mediador en este conflicto, dado que, a largo plazo, puede afectar a la propia prestación sanitaria. Sin embargo, poco o nada saben de este asunto en el número 18 del Paseo del Prado.

Fuentes del ministerio detallan que no tienen conocimiento de la futura fiscalización de las transferencias de valor en formación médica continuada, que Hacienda no ha hecho consulta alguna y que, en cualquier caso, este asunto queda fuera de sus competencias. Precisamente, el propio Sánchez Fierro informa de que el Consejo Asesor de Sanidad, del que forma parte, nunca ha tenido información alguna sobre esta cuestión ni en el pasado ni en el presente.

Lo que parece claro es que las necesidades fiscales de un país cada vez más acuciado por la deuda pública han puesto en el desfiladero a la formación médica continuada, al menos la financiada por los laboratorios farmacéuticos, que es una gran parte de ella. ¿Cambiará el escenario para siempre, para que los médicos no tengan que pagar para cumplir con su deber deontológico? Montoro (o su sucesor, si no continúa en su cargo una vez se forme gobierno) tendrá la última palabra.