El Gobierno busca solución a los problemas del CSIC

Redacción. Madrid
Los problemas de gestión presupuestaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) suman un capítulo más, aunque no está claro que sea el definitivo para acabar con el enigma de su futuro. Según explica el Gobierno de Mariano Rajoy en una respuesta parlamentaria dirigida al diputado de Izquierda Unida (IU) Alberto Garzón, se está elaborando un nuevo borrador de contrato de gestión “ante las disfunciones encontradas en la gestión presupuestaria que arrastra desde su conversión en Agencia Estatal en 2007, así como una situación de reducción paulatina de las aportaciones ministeriales a su presupuesto, iniciada en 2009”.

Emilio Lora-Tamayo. presidente del CSIC.

Según reza la pregunta formulada por Garzón, hasta 2007 no se aprobó la Ley de Agencias estatales que convirtió al órgano científico en agencia estatal y que establecía que el Consejo iba a financiarse, además de con las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, con los ingresos propios que percibiese como contraprestación por las actividades que pudiera generar. Fue a partir de 2009 cuando los presupuestos del CSIC incluyeron sus recursos propios, que se sitúan en torno a 200 millones de euros anuales alcanzando los 214 millones en 2012, según apunta.

Así las cosas, el Gobierno indica que “no se han producido todas las mejoras de gestión” que se asocian a la figura de agencias estatales en el Consejo científico, debido principalmente a la carencia de un contrato de gestión, “lo cual impide al CSIC ejercer plenamente y con todas su posibilidad, la autonomía y responsabilidad que le atribuye la Ley de Agencias”. De hecho, apunta que han sido elaborados diversos borradores del contrato de gestión del CSIC, que contaron con la conformidad del Ministerio de Ciencia e Innovación y del de Administraciones Públicas, si bien fueron rechazados por el entonces Ministerio de Economía y Hacienda socialista. La aprobación del texto se espera para el presente 2013 o ya para 2014, lo que permitirá su coordinación con el Plan Estratégico 2014-2017, según puntualiza.

Además, el Gobierno confirma también que el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de I+D+i liderada por Carmen Vela, conoce la situación financiera por la que atraviesa el Consejo. De igual forma, recuerda que ésta le fue puesta de manifiesto “en toda su extensión y detalle” por su presidente, Emilio Lora-Tamayo, y a través del informe resultante de la ‘vista de inspección’, solicitada por el propio presidente el 21 de febrero de 2012 y realizada por la Inspección General del Ministerio de Hacienda, dentro del Plan de Inspección del Ministerio de Economía. “La versión definitiva de dicho informe fue entregada el 15 de octubre de 2012”, puntualiza el Gobierno.

Asimismo, reconoce que la evolución del Presupuesto del CSIC en 2008-2012 “ha sufrido un fuerte recorte” debido principalmente a la minoración de las transferencias, un 28,77 por ciento menos en 2012 con respecto a 2008, aunque también apunta que “en menor medida” debido a la reducción de los fondos destinados al Plan Nacional de I+D, así como a la disminución de los ingresos derivados de la investigación contratada fruto de la presente coyuntura.

A la luz de la situación financiera y operativa de la agencia, el Ejecutivo reseña que el presidente del CSIC ha presentado al Consejo Rector un informe para orientar un proceso acelerado de reforma y ajuste que busca recomponer la “crítica situación por la que atraviesa”, redefiniendo el modelo de sostenimiento y financiación de la Agencia y procediendo “a un cambio en su gestión presupuestaria y operativa”. Para ello, precisa que se ha propuesto la adopción de una serie de medidas que garanticen la viabilidad del CSIC, como la reducción del gasto estructural de funcionamiento de la Agencia durante 2013-2015, como contribución al marco de ayuda necesario para recomponer su situación financiera y garantizar su viabilidad futura, el aumento de ingresos y el control del gasto mediante la mejora de la gestión. Finalmente, incide en que estas medidas, ya conocidas, podrían suponer para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un ahorro estimado de 130 millones de euros durante 2013-2015, de los que 57 se ahorrarían en 2013.