Solicitud para que la norma europea sobre medicamentos peligrosos sea un RD

El grupo profesional creado con el objetivo de que España tenga una norma nacional sobre manejo de medicación peligrosa se reunirá este viernes, 17 de mayo, con el director general del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Insht).

La cita, resultante de una petición trasladada al Ministerio de Trabajo y de Sanidad, espera obtener un posicionamiento de este organismo respecto al rango con el que se deberá de transponer la normativa europea para la regulación de este tipo de productos aprobada recientemente.

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"Tenemos obligación de transponer la directiva pero no se establece el rango normativo que se le debe dar. Pedimos que sean reales decretos"

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José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, ha explicado a Redacción Médica que la reunión es una apuesta por una “modificación normativa en España que se necesita para el manejo de los medicamentos peligrosos”.

Como ha recordado Cobos, desde los colectivos profesionales ya se ha trabajado a nivel europeo para que la directiva haga una serie de cambios y modificaciones para que la preparación, administración y desecho de los medicamentos peligrosos tenga una regulación específica.

“Contamos con una pero es muy general y es sobre la prevención de riesgos laborales. Necesitamos una norma específica para determinar cuál es el listado de medicamentos peligrosos, cómo son los sistemas que tenemos que utilizar”, enumera Cobos en referencia a, por ejemplo, qué tipo de sistemas cerrados es adecuado utilizar en diferentes entornos.

Confían en el entendimiento 

En este sentido, el vicesecretario del CGE reclama que no sólo se transponga la normativa, sino que se creen nuevas especificidades. “Tenemos obligación de transponer la directiva europea pero no se establece el rango normativo que se le debe dar. Nosotros pedimos que sean reales decretos y normativas básicas para que todas las CCAA se vean afectadas por esta normativa. Lo que no podemos hacer es que las comunidades generen normativas propias y que difieran entre ellas”, argumenta.

El grupo de trabajo compuesto (además de por el CGE) por sindicatos, sociedades científicas y pacientes persigue llegar a un entendimiento con el Ministerio de Trabajo. Algo que Cobos ve cercano, “cada vez más están convenciéndose de que es necesaria esta norma específica”.