José Riquelme, presidente de Avite y Rafael Basterrechea (izquierda), vicepresidente de Avite, atienden a los medios.
La de la talidomida parece una historia que llega a su fin. En la última reunión del Ministerio de Sanidad con la
Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) se delimitaron los plazos para crear el registro de afectados y el Gobierno se comprometió a destinar
una partida en los presupuestos de 2018 para resarcir el daño. Ahora, las comunidades autónomas empiezan a trabajar con las víctimas para arrancar el proceso de creación del registro.
En función de lo acordado en el último
Consejo Interterritorial, y para
dar cumplimiento al compromiso con los afectados de Grünenthal, las autonomías deben identificar a las víctimas para que se puedan integrar en el registro general centralizado a través del
Instituto de Salud Carlos III.
Según ha informado Avite en un comunicado, son siete las comunidades autónomas las que
no han esperado a que acabe el verano para iniciar los trabajos de reconocimiento y ya se han puesto en contacto con la asociación: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña y País Vasco.
En un comunicado, la asociación
se muestra optimista y dice que "todo marcha sobre lo que está previsto" para que a finales de 2017 esté completado el registro que dé paso al cobro de indemnizaciones en 2018.
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