Desde Cocemfe piden garantías de protección para este colectivo, con mayor riesgo de sufrir violencia de género

El 45% de mujeres con discapacidad ha interrumpido tratamiento por el Covid
Marta Valencia, secretaria de Organización de Cocemfe


28 abr 2021. 13.10H
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Siete de cada diez mujeres con discapacidad ha sufrido violencia de género. Un problema recrudecido por la pandemia, puesto que el 38 por ciento ha visto vulnerados sus derechos debido a su condición y el 45 por ciento no ha podido acceder a algún tratamiento o terapia. Así lo ha puesto de manifiesto la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), a la hora de pedir garantías en la protección de las mujeres y niñas con discapacidad. 

Desde el organismo piden protocolos que garanticen su protección, mecanismos de denuncia accesibles, respuestas coordinadas de los servicios públicos y una atención integral a las mujeres y niñas que viven en una situación de violencia. 

"Nuestros derechos se encuentran amenazados por la pandemia de la Covid-19", ha asegurado Marta Valencia, secretaria de Organización, durante su comparecencia en el Senado para evaluar el grado de cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y exponer la situación de las mujeres y niñas con discapacidad ante la violencia machista. La prueba es que casi cuatro de cada diez han visto vulnerados sus derechos y cerca de la mitad, debido al parón en la atención presencial, han visto interrumpido su tratamiento y/o terapia desde que comenzó la pandemia. 

Esto, en palabras de Valencia, evidencia "la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres con discapacidad a la hora de recibir los apoyos necesarios y en el acceso a recursos". También su posición de mayor riesgo a "vivir situaciones de violencia, no solo ejercida por parte de sus parejas, sino también por las figuras cuidadoras y que se manifiestan en otras formas de violencia como la omisión de cuidados o la violencia institucional", detallaba Valencia. 

La discrimación, por tanto, es doble: primero "por el hecho de ser mujeres" y después multiplicada "por tener discapacidad". De hecho, la prevalencia de la violencia de género es siempre mayor en mujeres con discapacidad que en mujeres sin discapacidad", ha asegurado Valencia.

Variable de discapacidad en los registros de violencia de género


El Pacto de Estado contra la violencia de género representa, en su opinión, un avance significativo aunque advierte que "de nada servirán sus medidas" si no son aplicadas de forma homogénea en toda España y atendiendo a la "realidad de todas las mujeres".

Para garantizar su cumplimiento, desde el organismo, proponen incluir la variable de discapacidad en la divulgación de los datos recogidos en materia de violencia, como en los boletines periódicos estadísticos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. "Seguimos sin saber cuántas mujeres con discapacidad son asesinadas por esta razón, por lo que queda invisibilizada la consecuencia del tipo de violencia más grave ejercida sobre ellas", ha señalado.

De hecho, han anunciado la puesta en marcha de una aplicación informática que permite recoger los datos del progreso del cumplimiento de las medidas, así como dar prioridad a la aprobación de los fondos del Pacto con antelación suficiente para organizar y poner en marcha los distintos programas y servicios.

La confederación también ve necesario dotar de recursos para la formación y especialización a los equipos profesionales que atienden los casos de violencia, promover un uso inclusivo y no discriminatorio del lenguaje para evitar una doble victimización, reforzar los servicios públicos de atención psicológica y facilitar el acceso a todos los recursos a aquellas mujeres y niñas con discapacidad que viven en entornos rurales.




 



 



 

Por último, la secretaria de Organización de COCEMFE ha mostrado la importancia de “seguir dialogando y que trabajemos de manera conjunta por la igualdad de oportunidades, respetando y defendiendo el ordenamiento jurídico, haciendo especial hincapié en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y exhortando al cumplimiento de la Agenda 2030”.

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