Hacienda aprobará el modelo de auditoría a Muface antes de 2023

El modelo de auditoría que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) realizará al gasto derivado de la asistencia del mutualismo administrativo como la sanitaria vía Muface, será aprobado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública “a finales de año”. Así lo señalan a Redacción Médica fuentes de la Airef, las mismas que afirman que ya han presentado el Plan de Acción, que esperan poder empezar a aplicar en 2023.

Según avanzó este periódico, el objetivo de esta evaluación adjudicada por el ministerio que dirige María Jesús Montero es analizar la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria del mutualismo y, en particular, "de la que se provee a través de entidades privadas".

Desde la Airef se indica que el gasto sanitario del mutualismo alcanzó en 2019 los 2.230 millones de euros, de los cuales un 64,9 por ciento corresponden a Muface, un 31,3 por ciento a Isfas y un 3,8 por ciento a Mugeju.

Se trata de una auditoría al ‘modelo Muface’ que los sindicatos confían en que genere una mayor confianza en el mismo. Fuentes de Comisiones Obreras ya señalaron a este medio que este informe “va a mostrar la realidad” del modelo de Muface y, en consecuencia, confían en que esta evaluación sirva para “aumentar la dotación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”.

¿El futuro de Muface?: un encargo de Hacienda

Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) denuncian lo que a su juicio son intentos reiterados del Gobierno por suprimir Muface y por ello han manifestado: “Desconocemos el contenido del informe de la Airef pero desde CSIF advertimos que, si la pretensión del Gobierno y sus socios es acabar con el mutualismo administrativo, emprenderemos todas las acciones a nuestro alcance para evitar que esto ocurra”.

Lo cierto es que Muface ha sido un punto de disensión entre los dos partidos que conforman el actual Gobierno de coalición: si para el PSOE a priori supone una garantía de eficiencia; Podemos ha manifestado a través no solo de declaraciones sino de iniciativas legislativas su deseo de eliminarlo progresivamente para que los funcionarios tengan acceso únicamente a la cobertura sanitaria pública. Curiosamente, estas posiciones no restan que, según explico la política sanitaria de Podemos Rosa Medel, haya sido el Ministerio de Hacienda (en manos del PSOE) quien ha encargado la mencionada auditoría que ahora espera su aprobación.