"La gestión directa de la sanidad no plantea ventajas cuantificables"

Está previsto que en los próximos días comience la tramitación de la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo ha avanzado esta semana la ministra de Sanidad, Mónica García, que apuntaba que el objetivo máximo de la nueva normativa es "blindar la gestión pública directa en el sistema sanitario" y acabar con la "privatización obscena de la sanidad", pero en ningún caso a la sanidad privada. Y es que este sector se posiciona como un complemento clave para el SNS.

Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, entidad que aglutina al sector sanitario privado, defiende una "sanidad pública fuerte y financiada adecuadamente". "Es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar porque es bueno para todos tener un sistema sanitario fuerte e integrado, en el que además existe una sanidad privada que es un complemento indiscutible para los ciudadanos", añade en declaraciones a Redacción Médica.

En cuanto a los modelos de gestión de la sanidad, Abarca indica que "no se puede confundir defender la sanidad pública con defender la gestión directa de la sanidad".

Para la Fundación IDIS, los modelos de gestión sanitaria "han de ser evaluados por su eficiencia y por sus resultados, de manera que se pueda decidir cuáles son mejores para satisfacer las necesidades de los pacientes".

Así pues, cree que hay que esperar para ver en qué términos se plantea la futura Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, pero a priori, manifiesta Juan Abarca, "la gestión directa no plantea bajo nuestro punto de vista ventajas que se puedan cuantificar en términos de eficiencia y resultados sanitarios".

"Además, los modelos de colaboración de empresas privadas con el SNS son beneficiosos para el propio sistema sanitario, entre otras cosas, por el efecto que tienen para impulsar la competitividad del sector público y por ser una de las vías realistas para disminuir problemas puntuales, como son las listas de espera", explica..

En este sentido, sí que considera importante que se establezcan de manera clara las reglas de la colaboración público-privada, "que otorguen seguridad jurídica a todas las partes y que eviten situaciones de abuso, en beneficio de todos y sobre todo de los pacientes".

El Gobierno mantiene la gestión sanitaria indirecta

A pesar del escepticismo que en un primer momento generó en gran parte del sector privado el anuncio de una nueva ley que tiene como objetivo "blindar el sistema público de salud", lo cierto es que Mónica García ha asegurado que no va a frenar a la sanidad privada ni los conciertos ni a las concesiones. 

Sanidad no tiene intención de cerrar de forma definitiva la puerta a los modelos de gestión indirecta de los servicios del SNS. Eso sí, se tratará de excepciones que se habiliten "de forma justificada" y "bajo una visión complementaria y de apoyo, de manera coyuntural, y no sustitutoria o estructural" de la gestión pública o directa. Así se muestra en el Plan Anual Normativo que ha publicado recientemente el Gobierno.

Además, la ministra decía esta semana en un actio público que con la nueva ley se quiere "poner un cerrojo, poner pie en pared en uno de los ámbitos más susceptibles de las malas prácticas en la gestión sanitaria. Una cosa es el negocio y otra cosa es el ánimo de lucro obsceno, el ansia mercantil y otra cosa es el empeño especulador con la salud". Un terreno distinto a la labor que hace en el SNS la sanidad privada.