Gobierno y PP pactan opacar el precio del medicamento ante el efecto Trump

Horas después de que Mónica García reclamara una estrategia común en Europa para amortiguar el impacto en los precios de medicamentos de la cláusula Nación Más Favorecida (MNF por sus siglas en inglés) impulsada por Donald Trump en 2025, el Gobierno pactó con el PP una medida clave para sentar una base nacional al respecto: reforzar la confidencialidad sobre fijación de precios y acuerdos de financiación para, así, proteger el acceso a la innovación terapéutica en España. 

Fue hace una semana, cuando la ministra de Sanidad asistió al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Epsco), celebrado en Luxemburgo. A preguntas de los medios, García lamentó la tendencia al alza de los precios de fármacos fruto de la “presión” ejercida por el “panorama geopolítico”. La solución a esa situación, a su juicio, pasa por contar con estrategias específicas a nivel no sólo nacional, sino también comunitario.

La cláusula MNF obliga a que Estados Unidos no pague por un medicamento más que cualquier otro país del G7, además de Suiza y Dinamarca. La Casa Blanca lleva desde finales de 2025 firmando acuerdos con empresas farmacéuticas que contienen ese precepto, y aunque España no forma parte del G7, las consecuencias de dichos acuerdos terminan por afectar a otras naciones por mero efecto cascada. Tal y como avanzó Redacción Médica en marzo, en el Ministerio de Sanidad advertían de que esa situación estaba suponiendo, “de facto”, retrasos y “reticencias” en el mercado europeo de medicamentos innovadores.

La propuesta del Gobierno sobre precios de fármacos

Para tratar de paliar el panorama, los dos grupos parlamentarios del Ejecutivo (PSOE y Sumar) registraron una enmienda a la reforma de la Ley de Discapacidad, cuya tramitación depende de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso. Ambos partidos proponían (y proponen) reformar parcialmente el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y los Productos Sanitarios bajo dos premisas.

Por un lado, plantean que la confidencialidad que ya afecta a la información económica sobre fijación de precios de fármacos se extienda a “los acuerdos de financiación que se alcancen”, así como a “la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas”.

Por otro, quieren obligar a las compañías farmacéuticas a comunicar al Ministerio de Sanidad toda ayuda financiera recibida de las administraciones públicas, de entidades filantrópicas y de organizaciones sin ánimo de lucro para desarrollar un medicamento o un producto sanitario, un antimocribiano o antiviral de reserva “o cualquier otro medicamento que pueda tener un carácter estratégico”.

El movimiento del Ejecutivo para acelerar la reforma

La cuestión es que los avances en la Comisión de Derechos Sociales sobre esa reforma legislativa han sido escasos en los últimos tres meses: el debate sobre el informe de la Ponencia (fase previa a su paso por el pleno del Congreso de cara a su entrada en vigor) no comenzó hasta la semana pasada, por lo que el Gobierno ha decidido mover ficha y ‘colar’ su iniciativa contra las políticas trumpistas en la Proposición de Ley del PSOE para unificar los programas de cribado neonatal, cuya aprobación se antoja más sencilla, según fuentes del Ejecutivo.

El mismo día en el que García reclamó esa estrategia europea contra la cláusula MNF, la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja avaló la incorporación de varias enmiendas transaccionales a la Proposición de Ley socialista, cuyo dictamen sobre el informe de Ponencia se aprobará el próximo jueves. La última de ellas, la quinta, es la misma que PSOE y Sumar registraron en la tramitación de la Ley de Discapacidad para blindar el secreto sobre precios y financiación de fármacos, sólo que, en este caso, fue acordada previo pacto entre los dos grupos del Ejecutivo y el Grupo Popular.

El conflicto jurídico sobre la opacidad en el precio de fármacos

En primavera, la Fundación Civio publicó un comunicado criticando duramente la postura del Gobierno al respecto y defendiendo una menor opacidad en torno a los precios netos de medicamentos. Pero para entender el origen de ese conflicto hay que retrotraerse a 2021.

Civio pidió entonces información sobre el coste y las condiciones de financiación de Luxturna, una terapia génica de Novartis para tratar la distrofia retiniana hereditaria. Sin embargo, tanto la compañía farmacéutica como el Ministerio de Sanidad rechazaron la petición amparándose en el citado régimen de confidencialidad de la Ley de Garantías. La Fundación recurrió la decisión ante la Audiencia Nacional, que falló a favor de Novartis, pero, en enero, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de casación de Civio.

Sanidad defiende sus políticas de transparencia en torno a los medicamentos (como la publicación de datos sobre tiempos de financiación, los informes sobre el proceso y los acuerdos al respecto y las obligaciones de información a las compañías farmacéuticas establecidas en el reciente Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias), pero matiza que dicha transparencia no puede poner el riesgo la innovación terapéutica ni el acceso a medicamentos.