El Gobierno insiste en la sanidad universal: "Reduce ingresos evitables"

El Gobierno insiste en defender su política de sanidad universal frente al concepto de prioridad nacional acuñado por Vox, pero que el PP también ha asumido, al menos en Extremadura y Aragón, al aceptarlo como parte de los acuerdos de gobernabilidad suscritos entre ambos partidos en estas comunidades autónomas. Tras varios debates en el Congreso al respecto, los de Santiago Abascal volvieron a preguntar al Ejecutivo, esta vez por escrito, por las consecuencias del Real Decreto aprobado en marzo para facilitar el acceso a la sanidad pública a la población migrante en España, independientemente de que su situación administrativa esté regularizada o no. Desde Moncloa son tajantes: privar al colectivo extranjero de la asistencia sanitaria conlleva ingresos “evitables” que se reducirían gracias a la Atención Primaria.

En su respuesta, el Gobierno recuerda que, tras la aprobación, en 2012, del Real Decreto para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) en pleno contexto de crisis económica, “se identificaron múltiples casos de necesidades sanitarias no cubiertas” ligadas a la “exclusión sanitaria” inducida por la norma, “especialmente en población migrante en situación irregular”.

Eso se vino a corregir parcialmente en 2018, con otro Real Decreto que modificó varios artículos de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS. Se articuló “un sistema de reconocimiento del derecho a la atención sanitaria basado en la residencia en España”, más allá de que se contara con autorización para esa residencia, “en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española”. Tras ello ha llegado el Real Decreto de marzo, con el que se han eliminado trabas burocráticas en las comunidades autónomas para hacer efectivo de forma plena ese derecho.

“La exclusión de la asistencia sanitaria de determinados colectivos, como el de la población migrante, provoca situaciones de desprotección ante problemas de salud que generan desigualdades de salud en el conjunto de la población”, sostiene el Ejecutivo. Esa exclusión impide “un mejor control y seguimiento de las enfermedades” a través de la Atención Primaria, lo cual provoca que los colectivos afectados sólo acudan a la sanidad “ante situaciones de emergencia”.

El SNS se financia con impuestos, no con cotizaciones

El Gobierno, además, defiende el derecho a esa asistencia de los extranjeros en situación irregular recordando que el sistema sanitario se financia “a través de impuestos”. “Las personas migrantes que residen en nuestro país contribuyen también al sostenimiento del SNS”, subraya. Es, en esencia, lo mismo que argumentó García en su última comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso: “La sanidad pública desde el principio no se paga con cotizaciones sociales, se paga con impuestos. Cualquier persona que viva aquí, consuma aquí y haya comprado cualquier elemento con IVA ya está contribuyendo más que los que evaden impuestos en otros países extranjeros”.

“La universalidad de la atención no sólo supone una mejora de la salud individual, sino también en la salud colectiva de toda la población. Todo ello redunda en un fortalecimiento del SNS como derecho vinculado a la ciudadanía”, insiste el Gobierno en su respuesta parlamentaria. Además, puntualiza que las personas que pueden acogerse a la regularización de inmigrantes impulsada por el propio Ejecutivo “ya estarían siendo atendidas en el SNS”, por lo que el impacto de la medida en el sistema “será mínimo”.