Una Comisión consultiva descentralizará entidades del Ministerio de Sanidad

El Consejo de Ministros ha aprobado el proceso de descentralización de las instituciones públicas, lo que abre la puerta a la posibilidad de que los centros de nueva creación del Ministerio de Sanidad se ubiquen fuera de Madrid.

Así lo ha comunicado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa en la que ha avanzado que comisión consultiva que se encargará de determinar el destino final de las sedes en base a criterios de cohesión social, territorial, despoblación y desempleo.

“El objetivo es compartir el Estado, acercar la administración a la ciudadanía”, ha destacado la también ministra de Política Territorial, que ha subrayado que este “concepto de desconcentración” de los entes públicos tiene su raíz en la Ley 40/2015. Asimismo, ha puesto en valor los “efectos positivos” de un proyecto que está destinado a “mejorar la cogobernanza” y paliar los efectos de la despoblación.

En este sentido, el Gobierno apela al “papel extremadamente beneficioso” que las instituciones públicas ejercen “en los entornos físicos en los que se ubican”. Destaca el caso de Madrid, que junto a las zonas de costa acapara al 70 por ciento de la población española.

Descentralización de centros públicos de nueva creación

En principio, el Ejecutivo no planea el traslado de los centros sanitarios ya existentes, como las sedes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) o de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). En este sentido, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informó a Redacción Médica que solo se contemplaría la posibilidad de ubicar fuera de Madrid aquellos que fuesen de nueva creación.

La mayoría de las comunidades autónomas han dejado constancia de su predisposición a asumir la gestión de este tipo de centros, algo que, en palabras del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, favorecería un mayor “equilibrio territorial”. También territorios como Andalucía, Extremadura y Canarias se han mostrado favorables a una propuesta que sin embargo rechazan otras como la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.