Formarán parte de la negociación con las fuerzas sindicales para la actualización del texto

Sanidad suma a Trabajo y Función Pública para un nuevo Estatuto Marco
Exteriores del Ministerio de Sanidad.


21 sep 2022. 14.10H
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El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Hacienda y Función Pública se suman al Ministerio de Sanidad en la negociación con los sindicatos para la actualización del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud. Según confirma a Redacción Médica Ana Francés, secretaria de Salud de UGT Servicios Públicos, presente en la mesa del Ámbito de Negociación de este miércoles, al haber materias compartidas entre órganos ministeriales.

En esta primera toma de contacto, las fuerzas sindicales y el departamento dirigido por Carolina Darias han estipulado el método de trabajo y la hoja de ruta de los próximos meses. Según señala Francés, Sanidad ha asegurado que la actualización de la norma que posibilite una mejora de las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) es "una prioridad" en la agenda ministerial. "Hay una voluntad firme y real", asegura.  

En cuanto a los primeros pasos de la negociación, que se llevará a cabo en el Ámbito de Negociación estatal, la parte sindical se mantendrá a la espera de recibir una propuesta por parte de la Administración. "Los sindicatos trabajaremos sobre esta propuesta y lo haremos por capítulos. El Estatuto Marco tiene 14 capítulos, por lo que estos se irán calendarizando", añade la sindicalista.

Asimismo, subraya que el Ámbito de Negociación se reunirá cada 15 días, de forma presencial, telemática e incluso híbrida, para avanzar en el proceso y tener margen para llevar a buen término, en los plazos previstos, el trabajo. "Sanidad no quiere ir más allá de los seis meses establecidos por Decreto Ley", incide la portavoz de UGT.

Además de las principales propuestas del sindicato, como la clasificación profesional, actualización de funciones o la jubilación anticipada, UGT ha lanzado algunas de sus reivindicaciones históricas en materia salarial, como el cobro de pagas extraordinarias completas por parte de todo el personal estatutario o la supresión de la tasa de reposición en el sector sanitario. 

La Formación Especializada entra en las negociaciones


La reunión de este miércoles, que supone un nuevo punto de inflexión en las negociaciones para conformar un nuevo Estatuto Marco, en el que los sindicatos pretenden plasmar reivindicaciones tales como el derecho a la jubilación anticipada y a la movilidad voluntaria, así como la “potenciación real de la formación especializada y de investigación” tanto de residentes como de tutores. Carteras que las centrales han puesto sobre la mesa y que el Ministerio de Sanidad ha aceptado abordar a lo largo de los próximos encuentros.

Eso sí, no existen todavía garantías de que las negociaciones culminen en un acuerdo. “En cuestiones como la jubilación anticipada, el Ministerio no tiene más remedio que negociar, pero eso no quiere decir que no pueda haber desencuentros insalvables”, desliza Fernando Hontangas, responsable del área sanitaria de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El propio Hontangas , que celebra que estas reuniones vayan a tener una periodicidad quincenal, y apunta que las propuestas a abordar se enviarán “por capítulos o temática”, aunque destaca que aún quedan flecos organizativos que se solventarán en próximos encuentros. 


Un Estatuto Marco abierto a las comunidades autónomas


Entre las novedades de esta nueva ronda de negociación, los participantes estudian la posibilidad de incorporar a la mesa algunas de las propuestas que realicen las comunidades para reformar el texto y que se encargaría de llevar hasta la mesa el Ministerio de Sanidad tras debatirno con los portavoces autonómicos. "Hay comunidades que han mandado actualizaciones y modificaciones", ha apuntado Jesús Jordán, uno de los participantes de Comisiones Obreras. 

El responsable de Empleo de la Federación de Sanidad de CCOO ha apuntado además que el objetivo fijado por el Gobierno pasa por culminar la actualización de la normativa en un periodo de seis meses, a pesar de que se podría prorrogar otros tantos. Una horquilla temporal que encajaría con los tiempos de la legislatura. 
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