Sanidad homogeneizará la atención universal a migrantes en todo el SNS

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un cambio legislativo para "reforzar el acceso universal" al Sistema Nacional de Salud (SNS), poniendo "especial atención" a "la la eliminación de barreras administrativas que afectan a personas migrantes y que generan desigualdades en salud", según ha detallado el departamento en un comunicado. Para ello ha abierto el proceso de consulta pública sobre un proyecto de Real Decreto "que regulará el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos". Los interesados podrán enviar sus aportaciones desde este sábado, 12 de julio, y hasta el 28 de julio.

El Real Decreto-ley 7/2018, que regula el acceso universal al SNS, habilita al Ministerio de Sanidad "a aprobar las disposiciones necesarias para que se pueda reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos, mediante la verificación de los requisitos establecidos en dicho Real Decreto-ley", dice el ministerio. Sin embargo, hasta ahora no se había aprobado esa norma reglamentaria, algo que "ha generado disparidades en su aplicación entre comunidades autónomas y ha mantenido barreras administrativas que dificultan el acceso efectivo, especialmente para el colectivo de personas extranjeras".

"Con esta consulta pública se da el primer paso hacia la aprobación de un marco normativo claro, homogéneo y garantista, que permita materializar plenamente el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad", agrega Sanidad, que ya logró aprobar en el Consejo de Ministros su proyecto de Ley de Universalidad del SNS. Fue en mayo de 2024. Desde entonces, acumula más de 40 prórrogas del plazo de enmiendas a la totalidad en el Congreso.

Garantías de "igualdad en el acceso" al SNS

El procedimiento que este viernes se pone en marcha como alternativa a esa ley se ampara, según se explica en la nota, en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Como en esta clase de procesos, la consulta tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones potencialmente afectadas para, así, facilitar su participación en la fase previa de elaboración normativa.

"La futura norma tendrá como finalidad homogeneizar los criterios de reconocimiento del derecho a la atención sanitaria en todo el territorio, reduciendo los márgenes de discrecionalidad y garantizando la igualdad en el acceso, especialmente para las personas extranjeras que pueden sufrir barreras administrativas a la hora de acceder al SNS", concluye el ministerio.