¿Qué pasa ahora con el Estatuto Marco? Plan B autonómico en un mar de dudas

Tras el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco hay años de propuestas, negociaciones, pactos, desacuerdos, ilusiones y también decepciones. Por delante, una amalgama de dudas e incertidumbres. Los consejeros de Salud autonómicos lo han vuelto a evidenciar este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la cumbre llamada a dar un paso definitivo a algunas de las mejoras laborales que el Ministerio de Sanidad abraza pero que, asegura, no pueden simplemente incluirse en una normativa estatal porque dependen del impulso de los propios gobiernos regionales. Un extremo que las CCAA niegan y que ha sido del desencuentro del último CISNS. Debido a la falta de apoyos, el Estatuto Marco pierde fuelle en su recorrido parlamentario, aunque la ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que no renunciará a él: “Sería una traición a los profesionales”, ha manifestado.

Tras este último encontronazo entre Ministerio de Sanidad y consejerías de Salud autonómicas queda por descubrir qué pasará finalmente con el Estatuto Marco del SNS, que se encuentra en fase de audiencia pública y llegará próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros para, salvo sorpresa, ser remitido al Congreso de los Diputados. La propia García ha reconocido que el contexto es “complejo”, pero ha insistido en las virtudes del anteproyecto. Entre ellas, la limitación de las horas de guardia, una mejor retribución de las mismas y la jornada laboral máxima de 35 horas.

García ha apuntado que, de hecho, “hay muchas comunidades que ya han puesto en marcha” iniciativas semejantes en sus territorios. “Llevamos trabajando en este marco desde hace tres años con los técnicos de las comunidades autónomas, con los sindicatos del Ámbito (de Negociación) y también con los del Comité de Huelga, con sociedades científicas… con todos los actores -ha manifestado a consultas de este periódico-. ¿Cuáles son las cosas que hemos dejado fuera? Las que son flagrantemente ilegales, que romperían y segregarían el sistema y que invaden competencias. Y justo estas las hemos traído al órgano (al CISNS) de armonización de todas las CCAA”.

Otros ministerios en la jubilación médica

A la salida de la reunión del CISNS, que apenas se ha alargado durante una hora pese al extenso número de puntos del día, diferentes consejeros apuntaban a este periódico incidían en que lo que piden al Ministerio de Sanidad es un “marco común” a partir del cual puedan abordar con las mesas sectoriales las mejoras laborales oportunas para cada región. Añadían, en esta línea, que hay cuestiones que no tienen cabida en un Consejo Interterritorial (y de hecho, han rechazado valorar y votar las medidas incluidas en el orden del día). Por ejemplo, la relativa a la jubilación anticipada, algo que según estas mismas fuentes genera conflicto incluso en el seno del Gobierno, pues otros ministerios implicados han exteriorizado ya sus dudas al respecto.

“Pero la ministra no escucha, y así se lo hemos trasladado”, denunciaba otro consejero que reconoce la incertidumbre que se avecina en materia laboral en el SNS si finalmente no se articula un código común. Las fuentes consultadas por Redacción Médica vaticinan que, en el corto plazo, será necesario que cada consejería aborde a nivel autonómico las principales urgencias para paliar el creciente descontento de los colectivos de salud.

El caso de las mesas exclusivas de médicos

Uno de los acuerdos que no se ha podido votar este miércoles es el que recogía la creación de mesas específicas de negociación con el colectivo médico, algo que, según ha confirmado en rueda de prensa García, “ya recoge la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en su artículo 39.4”.

Concretamente, el escrito al que se ha referido la ministra respecto a los órganos de representación hace hincapié en “el establecimiento de unidades electorales”, que “se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma del ámbito de sus competencias legislativas”.

“Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de la negociación constituidos o que se constituyan”, sigue el articulado.

En este sentido, fuentes autonómicas han asegurado a Redacción Médica que la petición de los gobiernos territoriales es que se definan las competencias de qué reivindicaciones se pueden abordar en una mesa y cuáles en otra. El Ámbito de Negociación, las Mesas Sectoriales de Sanidad de cada comunidad, el Comité de Huelga… Diferentes órganos de negociación que, por lo pronto, no llegan a conclusiones certeras y no dan terminado con un conflicto que se alarga cada vez más.