Redacción Médica
19 de septiembre de 2018 | Actualizado: Martes a las 19:05
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La industria sanitaria, sobre la ‘ley verde’ del Gobierno: “Ya cumplimos”

Sigre y Fenin valoran el nuevo proyecto para reducir las emisiones de CO2 y regular la contratación pública

Mª Luz López-Carrasco, Teresa Ribera y Juan Carlos Mampaso.
La industria sanitaria, sobre la ‘ley verde’ del Gobierno: “Ya cumplimos”
María García
Jueves, 12 de julio de 2018, a las 15:10
La industria farmacéutica y la de la tecnología sanitaria no 'temen' al nuevo proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Lcctye) en el que está trabajando el Gobierno -y por el que se crearía un marco legal para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2030-. El objetivo de esta norma es acortar las emisiones de CO2 con medidas como la obligación de que las empresas que cotizan en bolsa publiquen un informe anual sobre la evaluación del riesgo climático y de sus emisiones de carbono, el establecimiento de criterios verdes obligatorios para las empresas que quieran contratar con las Administraciones Públicas o la revisión de todas las normativas que impida el crecimiento de las energías limpias.

Sigre Medicamento y Medio Ambiente, entidad sin ánimo de lucro creada para garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos de origen doméstico, señala a Redacción Médica que se trata de una normativa continuista en línea a los compromisos que ya había ido adquiriendo este sector.

Explican que, por un lado, la industria manufacturera –la que produce físicamente los medicamentos- "no es un sector que haya sido intensivo en el consumo de energía o en emisiones de CO2". Por otro, señalan que, a nivel internacional, ha habido un compromiso general por el cuidado del medio ambiente. También añaden que muchas de las empresas cotizadas ya publican anualmente sus objetivos y cómo los están cumpliendo.

“Desde finales de los años 90 se están implementando planes de reducción de CO2, básicamente desde planes de eficiencia energética. Prácticamente todas las compañías tienen un plan de reducción de consumo energético y de utilización de energías renovables”, apuntan.

Tecnología sanitaria


En esa línea se mueve también el sector de la tecnología sanitaria. Aunque desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) reconocen que, en el momento en que se apruebe esta normal, estarían totalmente afectados por ella, los planes medioambientales llevan años en marcha. 


"Las empresas del sector están muy sensibilizadas con la protección del medio ambiente"


“Por supuesto que las empresas se verán afectadas por los nuevos requisitos medioambientales que la Administración Pública introduzca en sus modelos de compra, ya que el principal cliente del sector de tecnología sanitaria es la administración sanitaria pública”, aseguran. Sin embargo, prosiguen, “desde hace mucho tiempo, las empresas del sector están muy sensibilizadas con la protección del medio ambiente y cumplen con los requisitos legales y normativos en materia medioambiental en el desarrollo de su actividad económica”.

“En este sentido, resultado de esta sensibilidad medioambiental desde Fenin, y a través de la Comisión de Medio Ambiente, se han desarrollado guías para orientar y facilitar el trabajo en esta área de las empresas. Igualmente se han realizado jornadas informativas sobre temas medio ambientales y la Federeación también premia las acciones de las empresas que impulsen el desarrollo de productos y actividades respetuosas con el medio ambiente”, concluyen.

Informe anual sobre el estado de España


Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abogado por la creación de una comisión independiente que elabore un informe anual sobre el estado de España en relación al cambio climático, incluyendo criterios 'verdes' obligatorios en los contratos de las administraciones públicas para impulsar la fiscalidad ambiental.

Esta ley irá acompañada del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. El Gobierno la enviará a la Comisión Europea antes de que acabe el año, por lo que trabajará a "contrarreloj para cumplir los plazos" ya que, ahora, no hay ni borradores ni informes.