Ante las ilegalidades en prisiones, la farmacia pasa a la "acción jurídica"

De 66 centros penitenciarios que hay en España en la actualidad, solo 16 cuentan con Servicio de Farmacia, nueve bajo la supervisión de un facultativo especialista en Farmacia Hospitalaria y otros siete bajo la responsabilidad de un farmacéutico no especialista. Con las leyes (de Garantías y de Distribución farmacéutica) en la mano, el resto de centros no están legalizados, pero en todos se realiza una prestación farmacéutica a los internos.



“En este país se están distribuyendo medicamentos a centros no autorizados”, ha sentenciado Xosé Manuel Rey, asesor jurídico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), en el transcurso del III Encuentro Global de Farmacia Hospitalaria, organizado por Sanitaria 2000, auspiciado por la SEFH y patrocinado por BD, Ipsen, Novartis y Roche.

Hay 33 farmacéuticos para 52.000 internos.

Rey ha puesto en situación los esfuerzos de la SEFH para acabar con esta paradójica situación, conocida por la Administración central y sin embargo permitida. “El diálogo ha estado bien hasta ahora, pero tenemos que pasar a la acción jurídica”. Así, tras el establecimiento de un protocolo de actuación en instituciones penitenciarias “que se saltaba el RD de Garantías y el de Distribución” en la distribución de medicamentos para la hepatitis C, la SEFH lo recurrió.

“Hay dos almacenes que distribuyen productos farmacéuticos a estos centros no autorizados, y denunciaremos a la inspección farmacéutica”, afirma el asesor jurídico de la SEFH, que destaca que  no están solos en este reto sino que “algunos laboratorios están reaccionando”, requiriendo la documentación a los centros que les indica que está legalmente autorizado y dejando de servir a depósitos de medicamentos ilegales.

Intrusismo profesional

Por su parte, Gloria Hervás, farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria que trabaja en el centro penitenciario de Granada, ha expuesto las consecuencias de que haya tan pocos farmacéuticos trabajando en instituciones penitenciarias: solo 33 para una población de 52.000 reclusos.

Intrusismo profesional, una gestión ineficiente de los medicamentos o menor seguridad de administración farmacoterapéutica son tres de las principales consecuencias. Y apunta: “se puede ahorrar mucho dinero si aplicamos los procesos de gestión de hospitales”.

El problema crece al tratarse, como apunta Miriam Celdrán, del Servicio de Farmacia del Hospital Psiquiátrico Penitenciario y Depósito de Medicamentos del Centro Penitenciario de Alicante, hay una prevalencia altísima de patologías como el VIH y la hepatitis C, “casi la mitad de los internos con diagnóstico de enfermedad mental y población joven con riesgo cardiovascular”.

Además, se manejan tanto medicamentos de Primaria como hospitalaria al mismo tiempo, “medicamentos de especial control médico, cada vez más psicótropos y estupefacientes”. Y sentencia: “Estamos al borde de la legalidad casi a diario”.

Gloria Hervás, farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria, durante su intervención.