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No es necesaria la cirugía para que el registro reconozca el cambio de sexo

Ofelia De Lorenzo considera que es necesaria una norma estatal que fije las bases para que se puedan seguir las mismas pautas

jue 26 febrero 2015. 18.51H
Ricardo Martínez Platel. Madrid
El reconocimiento jurídico-civil de la transexualidad no se ha producido hasta tiempos muy recientes. De hecho, hasta 1983 era una práctica perseguida en España. No obstante, este hecho venía recogido en un ámbito exclusivamente jurisprudencial, y además de un modo muy restringido, pues se exigía haber completado totalmente el proceso quirúrgico de cambio de sexo.

Francisco Javier Jiménez, profesor de Derecho Civil de la UNED;  Ofelia De Lorenzo, letrada de De Lorenzo Abogados; la moderadora Mª Asunción González; Mª Jesús Lucio, socióloga; y César Casado, jefe de Servicio de Cirugía Plástica de La Paz.

Sin embargo, a partir de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas se produjo un cambio sustancial. El Foro Sanidad y Derecho, que organiza el Hospital La Paz, ha abordado los trastornos de identidad de género, y Francisco Javier Jiménez, profesor de Derecho Civil de la UNED, ha señalado que actualmente la rectificación registral se acuerda para quien, además de haber sido diagnosticado con una disonancia entre el género fisiológico y la identidad sentida, haya sido tratado medicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas, aunque no es necesario que el tratamiento tenga cirugía.

Sobre este punto, César Casado, jefe de Servicio de Cirugía Plástica de La Paz, ha señalado que "es un error", puesto que a su juicio, "para que se produzca el cambio de sexo, es necesaria la intervención", ya que de lo contrario "en un mundo tan globalizado, puede haber problemas si se viaja al extranjero", citando los casos concretos de Estados Unidos o Irán.

Desde el punto de vista de la norma, Ofelia De Lorenzo, letrada de De Lorenzo Abogados, ha explicado que "es un error que no haya un concepto jurídico a nivel estatal que fije las bases para que se puedan seguir las mismas pautas", ya que hasta el momento solo algunas autonomías tienen resuelto este tipo de situaciones y las que lo tienen es de manera reciente, como es Andalucía, que tiene una ley desde agosto de 2014.