A juicio un médico y la enfermera de un CIE por la muerte de una inmigrante

El juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral para el caso de Samba Martine, fallecida en el Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Madrid de VIH sin haber recibido la asistencia requerida.

Según cuenta El País, el médico y la enfermera de la empresa privada encargada en aquel momento del servicio sanitario del CIE se sentarán en el banquillo por un supuesto delito de imprudencia, a los que el magistrado ha solicitado una fianza por valor de 80.000 euros a los investigados, y recuerda la "responsabilidad civil" tanto de la empresa SERMEDES, concesionaria de la asistencia sanitaria del CIE en aquel momento, como del Ministerio del Interior.

Samba llegó a España donde fue acogida en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla donde se le diagnosticó VIH. Posteriormente fue trasladado al CIE de Madrid donde, a pesar de unos fuertes dolores y de haber solicitado asistencia médica hasta en cuatro ocasiones, murió. Según explicaban desde el CIE el historial médico de Samba nunca llegó por lo que su tratamiento no fue efectivo.

El escrito del juez explica que el médico investigado atendió en dos ocasiones a Samba Martine pero no consideró oportuno una mayor indagación de las causas que provocaban los dolores y los síntomas identificados, a pesar de que "los problemas respiratorios persistieron durante 18 días".

Por su parte, la enfermera imputada, le inyectó "nolotil intramuscular y orfidal" a Samba Martine "sin que conste prescripción médica". Según afirman, "el suministro de orfidal estaría contraindicado contra los síntomas de Samba Martine", debido a su efecto ansiolítico e hipnótico.

El otro médico imputado en la causa, el doctor Ojeda Rojas fue quien atendió a Samba a su llegada al CIE, no podrá ser juzgado por el momento, dado que reside en Paraguay y el juzgado no ha recibido respuesta a la comisión rogatoria dirigida a las autoridades del país latinoameriano para notificar las diligencias realizadas al investigado.

"A pesar de la persistencia de su mal estado de salud y de la reiteración de la solicitud de asistencia, a pesar de los múltiples síntomas incluidos en los partes de consulta, Ojeda no llevó a cabo ninguna indagación a valorar las causas", denuncian desde la acusación popular.