María Jesús Lamas, directora de la AEMPS.

María Jesús Lamas, directora de la AEMPS. / Imagen de Europa Press

Salud animal

Sanidad mantiene abierta a cambios la norma de fármacos veterinarios con dudas sobre cuestiones capitales para el sector

El margen de actuación es "limitado", sostiene la Aemps, mientras el sector pide más implicación de Sanidad y Agricultura

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El Ministerio de Sanidad mantiene abierta la puerta a “revisar y modificar” la normativa relativa a la prescripción, dispensación y uso de fármacos veterinarios, y de hecho constata que actualmente se sigue “trabajando en una modificación” del real decreto 666/2023 “de manera conjunta” con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fuentes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) inciden en que esta es la disposición mediante la que se deben canalizar, “de ser necesario”, las reivindicaciones de parte del sector de la sanidad animal, que denuncia una merma a su autonomía y su criterio clínico. Desde el Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria (Colvet) enfatizan la necesidad de que ambos ministerios se “impliquen” para “desbloquear” el conflicto, aunque advierten poca disposición en cuestiones que consideran capitales como la de permitir a estos profesionales “proporcionar medicamentos para completar el tratamiento del animal”.

Este pasado fin de semana, la ciudad de Barcelona acogió una nueva manifestación convocada por el Comité de Crisis Veterinario para exteriorizar su rechazo al citado RD 666/2023, que recoge el sentir del Reglamento UE 2019/6. Algunos colegios y sindicatos consideran que España realizó una lectura demasiado rígida de la norma, lo que conlleva, advierten, un incremento de la carga burocrática, menor protección frente a sanciones y límites a su capacidad de decisión sobre el uso de fármacos. Denuncian, por ejemplo, la imposición de la ‘cascada de prescripción’, la imposibilidad de ‘echar mano’ de productos para humanos en caso de que no exista disponible uno específico para animales o la obligación para las familias de acudir a una farmacia con la receta para adquirir el producto dado que los veterinarios no pueden vender directamente al público.

Consultado por Redacción Médica sobre las reivindicaciones de los veterinarios, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, (cuyo departamento sometió a consulta pública el pasado enero un proyecto de modificación del RD 666/2023 para “simplificar y mejorar su aplicación”), manifestó que estas cuestiones “no tienen nada que ver” con su cartera pues atañen a la Ley del Medicamento, que es competencia de Sanidad. “Nosotros solo introdujimos, en el caso de los animales de compañía, el llamado Presvet para disponer de más datos en relación con el uso de productos antibióticos, y de hecho la Comisión Europea nos felicita por ello”, apuntó.

Un margen de actuación “limitado” sobre el RD 666/2023

Desde la Aemps subrayan, no obstante, que el “margen de actuación” para ello se centra “principalmente en el citado RD 666/2023”.“La Ley sobre Medicamentos y Productos Sanitarios que entró en el Congreso de los Diputados para su tramitación hace unas semanas, y que vendrá a derogar la actual Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, no desarrolla la prescripción veterinaria puesto que ya se hace en el citado decreto”, explican.

Fuentes de la organización que dirige María Jesús Lamas ponen de relieve que los preceptos del RD 666/2023 vienen heredados del Reglamento UE 2019/6, por lo que las posibilidades son “limitadas”. En cualquier caso, sostienen que “actualmente se está trabajando en una modificación de este Real Decreto de manera conjunta entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Sanidad para revisar y modificar, de ser necesario, la legislación vigente”.

Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública

Destaca la Aemps que “esta actividad da respuesta a lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 7/2025” de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que aborda la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios “y establece que esta actividad debe realizarse fruto del diálogo entre ambos ministerios”.

Dicha disposición dicta, en concreto, que se “promoverá la revisión y eventual modificación de la regulación vigente para la disponibilidad de los medicamentos y, en particular, los antibióticos, en las farmacias y otros centros dispensadores autorizados, de acuerdo con las presentaciones adecuadas tanto para los veterinarios prescriptores como para los propietarios de los animales”.

Asimismo, dicta que el departamento de Luis Planas articulará (como ya hizo a través de la consulta pública) las fórmulas necesarias para simplificar los procedimientos establecidos en el Real Decreto 666/2023 [...] con el objetivo de facilitar la transmisión electrónica de las prescripciones de antibióticos y, en particular, lo referente a los porcentajes de envase utilizados y los plazos de envío”.

Medicamentos para completar el tratamiento

No cunde el optimismo en el sector de la sanidad animal. Fuentes del sector apuntan a que Sanidad no tiene intención de “permitir que el veterinario proporcione medicamentos para completar el tratamiento del animal, que se ha pedido siempre”.

En un comunicado, el Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España (Colvet) incide en que cualquier revisión de la norma“debe permitir avanzar especialmente en tres ámbitos: criterio clínico y autonomía profesional, garantizando que el veterinario pueda adoptar las decisiones necesarias de acuerdo con las circunstancias del paciente, evidencia científica y juicio profesional; el acceso y continuidad de los tratamientos; y la simplificación y proporcionalidad administrativa”.

Además, reiteran la necesidad de que exista un canal de comunicación estrecho entre Sanidad y Agricultura para abordar este asunto:“La coordinación entre ambas administraciones debe permitir alcanzar una solución que dé respuesta efectiva a los problemas detectados. Cuando esa respuesta no llega, las consecuencias recaen sobre los profesionales veterinarios y, en último término, sobre la atención sanitaria de los animales y sus responsables”, sentencia.