¿Por qué a la sanidad pública le cuesta tanto encontrar médicos abortistas?
La objeción de conciencia y la existencia de una red de clínicas especializada, entre las razones
Sergio López.
Desde que en 2010 el Gobierno de Zapatero aprobó la ley de Interrupción voluntaria del embarazo, algunas comunidades autónomas están intentando asumir dentro de sus sistemas de salud los abortos que se practican. Sin embargo, están encontrando dificultades para encontrar médicos y la gran mayoría de las intervenciones siguen siendo derivadas a clínicas privadas. ¿Por qué le cuesta tanto a la sanidad pública encontrar médicos que practiquen abortos? La objeción de conciencia por razones morales y la existencia de una sólida red de clínicas privadas que emplea a tiempo completo a los ginecólogos especializados parecen ser los principales factores.
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, el número de abortos que se practican en la Sanidad pública se ha incrementado. De un 98 por ciento de abortos por lo privados en 2008 se ha pasado a un 90 por ciento, en 2014, según datos del Ministerio de Sanidad. Parece un cambio notable, pero casi todo ese incremento de los abortos públicos (que suben del 2 al 6 por ciento) corresponde a una única región: Cataluña, que actúa como una excepción. En el resto del país los porcentajes siguen siendo parecidos.
Objeciones de conciencia en el País Vasco
En el País Vasco, tras la ley de 2010, hubo interés en reducir conciertos y asumir internamente esas intervenciones, pero no se ha conseguido. El pasado mes de diciembre, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Jon Darpón, exponía la situación con claridad en una intervención ante el pleno del Parlamento vasco. Según el titular de Sanidad, en Osakidetza (Servicio de Salud) cuesta encontrar “profesionales que quieran dedicarse en exclusiva a formar un equipo de interrupción voluntaria del embarazo. La razón principal a la que aludió Darpón fue la objeción de conciencia. “Cuando se distribuyen horizontalmente las interrupciones voluntarias del embarazo entre todos los miembros de los servicios de ginecología hay un volumen muy importante de profesionales que alega motivos éticos para no hacerlo”, explicó.
En 2014 se llevaron a cabo en Euskadi más de 3.000 interrupciones voluntarias del embarazo y sólo 551 se hicieron en el sistema público. Según explican desde Osakidetza, en la red pública vasca se practican casi exclusivamente las interrupciones de embarazos motivadas por causas médicas. Aquellas que requieren hospitalización, son más complejas y no están limitadas por las 14 semanas que se marcan como tope a la interrupción voluntaria. El número de interrupciones del embarazo se ha mantenido estable en el País Vasco tras la entrada en vigor de la ley de 2010.
Ante la falta de personal, en País Vasco se deriva por sistema a centros privados las interrupciones del embarazo a petición de la mujer que sólo son legales en las primeras 14 semanas de gestación, que son más numerosas e implican un menor riesgo. En estos supuestos es necesario garantizar la agilidad, algo que, según explican desde Sanidad, sólo garantizan los centros privados.
Cambio radical de política abortiva en Navarra
En Navarra –tras el cambio de Gobierno que ha desalojado a UPN y ha colocado al frente del Gobierno a una coalición integrada por Geroa Bai, IU y Bildu, apoyada por Podemos–, se ha anunciado una hoja de ruta para que no todas las interrupciones voluntarias del embarazo tengan que ser derivadas a clínicas privadas. Un cambio de rumbo copernicano para una región en la que hasta 2011 no se practicaban abortos de ningún tipo.
El decreto foral sobre interrupción del embarazo, que debería votarse en el Parlamento regional a lo largo de las próximas semanas, prevé que comiencen a practicarse abortos farmacológicos en la comunidad foral. Primero en dos centros de salud sexual y reproductiva de Pamplona, los de La Txantrea e Iturrama y, progresivamente en el resto.
El ginecólogo José Miguel Gurrea, director de la clínica abortiva Ansoáin, es, sin embargo, escéptico sobre el alcance de la medida que prepara el Gobierno. Gurrea, al frente de la única clínica que practica abortos en Navarra, recuerda que en la práctica totalidad del territorio español los abortos que se practican en el sistema público son aquellos que han sido prescritos por el médico -“intervenciones complejas, a las 18, 20 o 22 semanas”-, mientras que los abortos legales, más sencillos, se derivan a las clínicas privadas que funcionan de manera más ágil.
La clínica Ansoáin practica unos 700 abortos al año, los cuales vienen en un 90 por ciento derivados desde las instituciones sanitarias navarras y riojanas, con las que tiene concierto. “Nosotros cobramos lo mismo al Servicio de Salud por cada intervención que a la paciente que viene por su cuenta”, explica el doctor Gurrea, quien añade que a las pacientes se les explica siempre que tienen la posibilidad de ahorrarse el dinero si van primero a un centro de salud. Las tarifas de la clínica: 350 euros el aborto farmacológico, 420 euros la intervención con anestesia local y 550, la intervención con sedación.
Agilidad frente a demoras
Frente a la agilidad de las clínicas abortistas, los plazos de la sanidad pública son más laxos. “En La Rioja se atiende muy bien a las mujeres que quieren abortar, pero la demora en la atención ginecológica es de 60 días, con lo que muchas mujeres pierden la posibilidad de someterse al aborto farmacológico”, explica Gurrea. El farmacológico es el más sencillo y económico de los abortos, pero solo se puede realizar hasta la séptima semana. El ginecólogo detalla que hasta el 40% de los abortos que les llegan de Navarra son de este tipo, mientras que sólo el 5% de los casos que se les derivan de La Rioja son farmacológicos. Además de lo sensible que resulta hacer esperar a las mujeres que quieren abortar, esta región acaba gastando más dinero.
Dados los problemas mencionados (falta de personal, falta de agilidad), algunas administraciones de salud, como la madrileña, no han hecho ningún esfuerzo por asumir internamente los abortos legales. La mayor parte de los ginecólogos especializados trabajan en las siete cínicas privadas autorizadas de la región y se dedican a tiempo completo a esta actividad. Es el caso de Rosa Sánchez, directora de la clínica Dátor, quien explica que el Sermas (Servicio Madrileño de Salud) deriva todos los casos por debajo de 14 semanas.
“La sanidad pública usa un criterio aleatorio para distribuir los casos entre todas las clínicas”, explica Sánchez. “A nosotros nos llegan personas atendidas previamente en sus centros de salud. Las asesoramos, les damos un sobre con información sobre ayudas a la maternidad y esperamos el plazo legal de 72 horas”, añade. Por el convenio que tiene Dátor con la Comunidad de Madrid, ésta paga por cada intervención un precio “ligeramente inferior” al que se cobra a las pacientes privadas y que en el caso de Dátor es 345 euros con anestesia local y 445 con sedación.
La excepción catalana
Cataluña es la única región donde han crecido significativamente los abortos en centros públicos. Después de la entrada en vigor de la Ley de 2010, la entonces consejera de Salud, Marina Geli, abanderó la promoción de estas prácticas en la red hospitalaria pública. Los gobiernos nacionalistas han seguido con esta tendencia. Desde entonces, el número de abortos en centros públicos ha doblado en esta comunidad.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la mitad de los centros públicos que declara practicar abortos se encuentran en Cataluña: 46 de un total de 91. Según datos de la Generalitat de Cataluña, la cifra total de interrupciones del embarazo practicadas en la red pública se ha triplicado en los últimos años, pasando de 769 en 2010 a 1.832 en 2013, como consecuencia de esta política. La mayoría son abortos farmacológicos.
