Parlamento Europeo (Foto del Parlamento Europeo).
El Parlamento Europeo estrecha el cerco sobre el absentismo y exige controles psicosociales ante el repunte de bajas médicas
La Eurocámara ha aprobado una resolución que insta a la Comisión a considerar los problemas de salud mental derivados del trabajo como enfermedades profesionales
Y además: Una baja médica puede reducir hasta un 40% los ingresos de un facultativo
El Parlamento Europeo apuesta por mejorar la protección de los trabajadores frente a los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo y el estrés laboral. Esta iniciativa de la Eurocámara llega en un momento convulso en la sociedad española tras la propuesta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que planteó hace poco más de una semana que las mutuas pudieran dar el alta en algunas bajas médicas.
En este sentido, los eurodiputados han acordado una serie de recomendaciones centradas en prevenir, eliminar o reducir los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo que pueden provocar diferentes patologías, pero también han abordado la incapacidad temporal (IT). El informe de iniciativa legislativa ha salido adelante con 413 votos a favor, 210 en contra y 29 abstenciones.
Esta exigencia europea va en la misma línea de la reclamación unánime de los sindicatos sanitarios españoles (como CCOO, UGT y CSIF), -seguida por Redacción Médica- que urge al Ministerio de Trabajo a reconocer patologías como la depresión o el burnout como enfermedades profesionales en el SNS. Las centrales advierten de que este problema se ha disparado por el envejecimiento de las plantillas y la sobrecarga tecnológica, y exigen al Gobierno central que convoque a los comités de expertos pertinentes para dar una respuesta oficial a esta crisis en el sector sanitario.
Recomendaciones del Parlamento Europeo en salud laboral
Concretamente, una de las medidas avaladas por el Parlamento recomienda a los empleadores llevar a cabo evaluaciones de los riesgos psicosociales periódicas y siempre que se produzcan cambios significativos en la organización del trabajo y una reestructuración organizativa, también cuando dichos cambios den lugar a fluctuaciones notables en los niveles de dotación de personal, a un número elevado de casos de bajas por enfermedad en el lugar de trabajo y a una prevalencia de ausencias prolongadas o repetidas. De esta forma, Europa pone el foco en las bajas y en el absentismo laboral como indicadores a tener en cuenta a la hora de valorar la realización de evaluaciones periódicas.
La Eurocámara reconoce que un buen entorno laboral mejora el bienestar y la productividad, y exige reforzar el marco legislativo de la Unión Europea en la prevención y gestión de estos riesgos, garantizando la seguridad y respetando la autonomía de los interlocutores sociales y de cada Estado miembro.
Este es uno de los motivos que ha llevado a los parlamentarios a instar a la Comisión Europea y a los Estados miembros a catalogar formalmente los riesgos psicosociales y los problemas de salud mental derivados del trabajo como enfermedades profesionales. Para ello, se solicita la revisión de la Recomendación (UE) 2022/2337 sobre la lista europea de enfermedades profesionales, así como el fomento de un intercambio de buenas prácticas entre países para su correcta detección y prevención.
Evaluación de riesgos psicosociales obligatoria
El texto aprobado pide considerar todas las formas de violencia de género y acoso -incluyendo el acoso sexual, la ciberviolencia y la violencia de terceros- como riesgos psicosociales que exigen una gestión con perspectiva de género. Se reclama un enfoque de "tolerancia cero" y obligaciones claras para los empleadores, como la creación de canales de denuncia seguros. Además, anima a los Estados a ratificar el Convenio n.º 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral.
Para los eurodiputados, los Estados miembros deben garantizar que las evaluaciones de riesgos psicosociales sean obligatorias, participativas y periódicas, integrando una perspectiva de género e interseccional. Como apoyo, se exige formación continua y especializada para empleadores y trabajadores sobre estos factores de riesgo y sus primeras señales de alerta, como el agotamiento. Se subraya que los programas individuales de resiliencia no eximen al empleador de su deber legal de organizar un entorno de trabajo seguro.
Asimismo, se aboga por establecer normas mínimas europeas que refuercen las inspecciones de trabajo, dotándolas de formación, herramientas y recursos adecuados. A esto se suma ampliar sustancialmente el mandato de la Autoridad Laboral Europea (ALE) para mejorar la aplicación de la legislación laboral y sugiere integrar medidas de prevención en las estrategias nacionales, prestando especial atención a los trabajadores vulnerables y mejorando la recopilación de datos estadísticos.
El documento advierte que el aislamiento prolongado y la dificultad para separar la vida personal de la laboral aumentan el riesgo de estrés y agotamiento profesional (burnout). Por ello, se subraya la importancia de abordar el teletrabajo desde una perspectiva equilibrada y voluntaria, que garantice las interacciones presenciales y el apoyo directivo necesario para proteger la salud mental de las plantillas.
También se reclaman programas de reintegración laboral adaptados y sostenibles para aquellos empleados que se reincorporan tras haber sufrido problemas psicosociales o enfermedades. Esto requiere una estrecha colaboración entre empleadores, servicios de salud, recursos humanos y sindicatos, impulsando medidas personalizadas (como el ajuste de tareas u horarios) para evitar recaídas y promover el bienestar a largo plazo.
Por otro lado, el Parlamento insta a la Comisión a realizar una evaluación de impacto y presentar una nueva propuesta legislativa que defina claramente los riesgos psicosociales (incluyendo el impacto de la gestión algorítmica o los fenómenos extremos). Esta futura normativa deberá subsanar las lagunas legales actuales, siendo viable para las pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de herramientas simplificadas, pero garantizando el mismo nivel de protección para todos los trabajadores de la Unión.
