José Manuel Hernando, senador del PP / Imagen de Europa Press
El estatus de 'agentes de autoridad' para médicos y enfermeras de Prisiones supera el examen del Senado sin enmiendas
El texto volverá al Congreso para recibir su visto bueno definitivo tras años de tramitación
Y además: Estado y autonomías enquistan la sanidad penitenciaria por el presupuesto
Los sanitarios de la Administración Penitenciaria están cada vez más cerca de ser reconocidos como agentes de autoridad a todos los efectos legales. Tras ocho años de tramitación, el Senado ha dado su visto bueno a la Proposición de Ley Orgánica que modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, después de que el Congreso lo aprobara previamente. De hecho, el documento ha pasado su tramitación por la Cámara Alta sin ningún cambio, es decir, ningún grupo ha presentado enmiendas.
El texto legal busca otorgar seguridad jurídica a la labor diaria de los funcionarios de prisiones y dotar a los informes emitidos por estos trabajadores de presunción de veracidad probatoria en los procedimientos disciplinarios sancionadores, constituyendo base suficiente para adoptar resoluciones salvo que exista prueba en contrario.
Asimismo, se incorpora de forma expresa el principio de indemnidad, obligando a la Administración a resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios por los daños materiales o personales sufridos en acto o con ocasión de su servicio. Además, entre otras cuestiones, la normativa introduce garantías específicas para salvaguardar la integridad física de los empleados penitenciarios en caso de que se enfrenten a un procedimiento penal. En este sentido, se asegura su completa separación del resto de reclusos o detenidos, tanto en supuestos de detención provisional como de ingreso en prisión o durante los traslados bajo custodia.
Blindar a los sanitarios de prisión, cada vez más cerca
Desde el Partido Popular, principal impulsor de la medida, el senador José Manuel Hernando ha celebrado que "será por fin la ley la que asignará a los vigilantes un estatus legal superior y protegido frente a los vigilados". El parlamentario ha justificado la urgencia de la reforma con datos "alarmantes": "En 2020 se registraron 176 agresiones y en 2025 han sido 529; una cada dieciséis horas, se ha multiplicado por tres en apenas cinco años". Además, ha aprovechado su intervención para criticar al Ejecutivo, achacando este incremento a "la lamentable gestión penitenciaria del Gobierno de Sánchez", que resumió en "mayor impunidad para los malos y menos recursos para los funcionarios".
En una línea muy similar se ha pronunciado Vox. Javier Valentín Alonso ha asegurado que "hoy llega a esta Cámara un texto que por fin reconoce a los funcionarios de prisiones lo que siempre debieron ser", aunque ha advertido que el texto es "un paso necesario, pero insuficiente". "No basta con el reconocimiento legal si las plantillas siguen infradimensionadas, no basta si no se les reconoce como profesión de riesgo y mientras la sanidad penitenciaria sea abandonada y los protocolos de seguridad sean papel mojado", ha sentenciado.
Por parte de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Mar Caballero ha mostrado su apoyo a una "reivindicación legítima" que permitirá incorporar el "principio de veracidad" a los informes de los funcionarios. Caballero ha querido también recordar "el tiempo en el que fueron un colectivo amenazado, amedrentado y atacado por la banda terrorista ETA, por ser los garantes de la seguridad en los centros".
Mejoras concretas y discrepancias puntuales
La senadora Carla Delgado, de Izquierda Confederal, ha desgranado las principales mejoras que aporta la ley para los 25.000 profesionales del sector, destacando que "significa que el Estado les da respaldo cuando actúan, crédito cuando informan y amparo cuando sufren un daño". Además, ha subrayado la importancia de aplicar el principio de indemnidad: "Si un interno agrede a un funcionario y el juez le condena a indemnizar, es habitual que se declare insolvente. A partir de ahora, la Administración deberá resarcir económicamente al personal".
Sin embargo, el reconocimiento de la presunción de veracidad ha generado rechazo en Esquerra Republicana (Izquierdas por la Independencia). El senador Joan Josep Queralt ha calificado de "aberración" que se vulnere la presunción de inocencia, argumentando que "cuando normalmente ese atestado está realizado por una parte que ha participado en el conflicto, no hay independencia".
Desde el Partido Socialista, José Manuel Franco ha reprochado a los populares el tono de sus intervenciones, lamentando que "es impropio que se utilice o se pretenda utilizar a los funcionarios de prisiones para atacar al Gobierno de España", acusando al PP de "poco sentido de Estado".
Por su parte, Mar Cotelo (Grupo Parlamentario Popular) ha reconocido que por fin los funcionarios penitenciarios sean agentes de la autoridad. "El texto refuerza su protección jurídica en el ejercicio de sus funciones", ha señalado.
"Los funcionarios de prisiones no piden privilegios, piden dignidad, seguridad y reconocimiento. Son quienes garantizan que las penas se ejecuten con orden, que la reinserción sea posible y que la sociedad esté protegida frente a la reincidencia", ha explicado.
El debate también ha llevado a los grupos parlamentarios a criticar a los populares por retrasar la tramitación del texto, "que ya podía estar en el Boletín Oficial del Estado (BOE)", tal y como han indicado la mayoría de portavoces de los partidos de izquierda. Aun así, la portavoz popular ha destacado la importancia del debate.
