La anomalía española: 4 homologaciones médicas por cada egresado

En 2025, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concedió 30.303 homologaciones favorables de títulos extranjeros de Medicina. En el mismo periodo, las facultades españolas graduaron aproximadamente 6.800 médicos. La ratio es de 4,46 homologaciones por cada egresado nacional. No es una cifra coyuntural: es el resultado del rediseño operativo del sistema impulsado por la Orden Ministerial de 23 de octubre de 2024, explícitamente orientada a priorizar la velocidad de resolución y a expandir el uso de “medidas generales” para resolver expedientes por asimilación a precedentes.

El Gobierno presenta esta política como una modernización administrativa. Conviene, sin embargo, plantear la pregunta que el debate público apenas se hace: ¿qué verifica realmente el procedimiento español antes de habilitar a un profesional para ejercer la Medicina en nuestro sistema sanitario? La respuesta incómoda es que, en comparación con los principales países europeos, España verifica muy poco.

Alemania exige a todo médico titulado fuera de la Unión Europea superar el Kenntnisprüfung, un examen oral-práctico de conocimientos clínicos que evalúa Medicina Interna, Cirugía, Medicina de Urgencias, Farmacología y marco jurídico de la práctica, además del Fachsprachprüfung, prueba obligatoria de alemán médico.

El Reino Unido somete a los médicos extranjeros al PLAB, que desde 2024-2025 se integra en el UKMLA y que incluye una OSCE práctica con estaciones clínicas simuladas de obligatoria superación en territorio británico.

Francia es el caso más estricto: el procedimiento PADHUE exige las Épreuves de Vérification des Connaissances, una oposición nacional con tasa de aprobación del 15 al 25 por ciento, seguida de dos años de práctica tutelada en un hospital público francés y evaluación final por la Commission d’Autorisation d’Exercice. Tres años de proceso, con control corporativo del Ordre des Médecins.

Portugal incorpora a la Ordem dos Médicos en el procedimiento. Italia, pese a ser menos estricta, mantiene el control del Ordine dei Medici.

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"España es, con diferencia, el país europeo con el procedimiento más laxo de reconocimiento profesional médico. Lo que Alemania, Reino Unido y Francia exigen con normalidad, España lo omite"

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España no hace nada de esto. El procedimiento español se limita a una evaluación documental del título y el plan de estudios, a la aplicación agilizada de medidas generales y, en su caso, a requisitos formativos complementarios que no incluyen evaluación práctica clínica estructurada. No hay examen de conocimientos médicos. No hay periodo de práctica supervisada. No hay intervención colegial en la homologación. La tasa de resoluciones favorables en medicina, del 89 por ciento, confirma que la barrera técnica del procedimiento es mínima. España es, con diferencia, el país europeo con el sistema más laxo de reconocimiento profesional médico.

Este hecho tiene una implicación que a menudo se ignora: La homologación española no abre por sí sola las puertas del ejercicio médico en Francia. El sistema francés se reserva la última palabra y exige sus propios filtros de autorización. Conviene preguntarse por qué otro país europeo no considera bastante, por sí misma, la validación española.

El argumento oficial para sostener esta política es la supuesta escasez de médicos aunque no se sostiene. El Estudio de Demografía Médica 2025 del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) es concluyente: España cuenta con 568 médicos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media OCDE (420), y ocupa el cuarto lugar europeo en Medicina Familiar y Comunitaria. En palabras del Dr. Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), “no faltan médicos en España”. El problema, reconocido por la propia corporación, es de distribución territorial, de condiciones laborales en plazas críticas y de planificación descoordinada entre administraciones. Ninguno de estos tres problemas se resuelve incorporando 30.000 médicos homologados al año sin garantías homogéneas de competencia; más bien, los cronifica, porque permite a las comunidades autónomas eludir las reformas estructurales que sus déficits requerirían.

La homologación masiva opera, de facto, como un mecanismo de suplencia asistencial rápida. Y tiene un coste que nadie contabiliza. El Estado invierte entre 200.000 y 300.000 euros en formar a un médico especialista español, que accede al grado con la nota de corte más alta de cualquier titulación y supera un MIR altamente competitivo. En paralelo, concede licencia de ejercicio a miles de profesionales formados con planes de estudio, prácticas clínicas y sistemas de evaluación muy heterogéneos, sin verificar esa heterogeneidad mediante prueba alguna. La asimetría es estructural y genera un doble estándar difícilmente defendible: lo que se exige al egresado propio no se exige al homologado.

El debate público sobre la sostenibilidad de la formación médica española se ha concentrado en la tensión público-privada y en la proliferación de facultades. Son debates legítimos, pero cuantitativamente menores. En 2025, las homologaciones de Medicina equivalen al volumen que producirían aproximadamente cincuenta facultades adicionales. Ningún análisis serio del modelo puede ignorar este dato.

La propuesta razonable no es cerrar la puerta al talento médico extranjero. Es equiparar las exigencias españolas a los estándares europeos: una prueba de conocimientos clínicos homogénea, un periodo de práctica tutelada verificable, la incorporación formal del Colegio de Médicos al procedimiento y la evaluación específica de español médico. Lo que Alemania, Reino Unido y Francia exigen con normalidad, España debería poder exigirlo sin complejos. Hacerlo no es proteccionismo: es coherencia institucional y, sobre todo, es garantía para el paciente.