Julián Ezquerra Gadea.
Sigue habiendo motivos para la huelga médica
Julián Ezquerra Gadea es médico, exdirectivo de la salud y exsecretario general del sindicato Amyts
“La salud del pueblo es la ley suprema”, afirmaba el jurista romano Cicerón. Sin embargo, cuando quienes custodian esa salud se ven empujados a abandonar las consultas y ocupar las calles, la máxima se invierte: la protección del ciudadano pasa, inevitablemente, por defender a quien lo cura. El escenario sanitario actual se encuentra en una encrucijada crítica. Tras el anuncio del adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes Generales, la tramitación del nuevo Estatuto Marco estatal ha decaído, provocando el aplazamiento estratégico de las movilizaciones a nivel nacional. A pesar de este vacío institucional y del inminente fin de la legislatura, las huelgas médicas autonómicas persisten con fuerza en diversos territorios, como Madrid, Cataluña o Canarias. Este fenómeno evidencia que el conflicto no responde a dinámicas partidistas ni a un simple pulso electoral. La continuidad de los paros en pleno interregno político está plenamente justificada debido al carácter estructural del deterioro sanitario, la transferencia real de las competencias de gestión a las autonomías y la urgente necesidad de obligar a los futuros gobernantes a asumir compromisos firmes en sus programas.
La decisión de mantener las convocatorias autonómicas radica en que la precariedad del sistema no se detiene por el calendario parlamentario. Los problemas que asfixian a los facultativos no son coyunturales, sino crónicos y estructurales. La sobrecarga asistencial, las agendas masificadas que impiden dedicar un tiempo digno a cada paciente, y las jornadas extenuantes marcadas por guardias obligatorias de 24 horas —muchas veces sin el descanso obligatorio garantizado— son realidades que no entienden de campañas electorales. Para los médicos, la parálisis legislativa en el Congreso no suspende el cansancio ni el riesgo de desgaste profesional. Continuar con las movilizaciones es un acto de coherencia y supervivencia laboral: el colapso de la atención primaria y hospitalaria sigue ocurriendo cada día, independientemente de que las Cortes estén abiertas o cerradas.
La justificación de estas huelgas se asienta sobre la propia estructura descentralizada del modelo sanitario español. Si bien la reforma estatal del Estatuto Marco era el catalizador del descontento nacional, la gestión del día a día, la ordenación del personal y los presupuestos sanitarios dependen de los gobiernos autonómicos. Regiones como Madrid o Cataluña cuentan con ejecutivos e interlocutores plenamente estables y con competencias exclusivas para resolver el conflicto. Reivindicaciones clave como la flexibilización de turnos, la exención de guardias obligatorias, el incremento de las retribuciones por hora extra o la mejora de las condiciones de los médicos residentes (MIR) pueden y deben negociarse en las mesas sectoriales de cada comunidad. El fin de la legislatura estatal no puede servir de escudo o excusa para las consejerías autonómicas; el bloqueo en las negociaciones regionales es lo que verdaderamente perpetúa los paros actuales.
Mantener el pulso social en este momento de transición política constituye una estrategia de presión indispensable ante el futuro escenario democrático. La proximidad de las urnas es el período donde los partidos políticos se muestran más permeables a las demandas ciudadanas. Al sostener las protestas, el colectivo médico traslada un mensaje inequívoco a todas las fuerzas que aspiran a gobernar: la paz social y la estabilidad del Estado de bienestar están directamente supeditadas a la dignificación de la profesión médica. No se trata de desestabilizar el proceso electoral, sino de forzar a los candidatos a incluir en sus agendas políticas compromisos explícitos, presupuestos reales y reformas estructurales definitivas. La protesta sostenida actúa como un recordatorio de que las promesas vacías ya no bastan para contener el descontento de un sector esencial.
La prolongación de las huelgas médicas en el actual contexto de disolución parlamentaria está plenamente legitimada. No se trata de un desafío al orden institucional, sino de una exigencia de responsabilidad hacia la salud pública que trasciende cualquier sigla política o período de votación. Al defender sus derechos laborales, la eliminación de las guardias inhumanas y una menor carga asistencial, los profesionales de la medicina están defendiendo la calidad del propio sistema de salud que recibe el ciudadano. El fin de una legislatura marca el cese temporal de la actividad legislativa, pero las necesidades sanitarias de la población nunca entran en funciones. Por ello, la resistencia de las batas blancas en las calles es el último mecanismo para garantizar que la salud colectiva siga siendo, verdaderamente, la ley suprema.
