17 dic 2018 | Actualizado: 18:30
jue 05 julio 2012. 18.48H

Redacción. Murcia
De "tremendistas y sin estudios contrastados", ha calificado Carmen López, secretaria de Política Social de UGT Confederal, los argumentos del Gobierno de Mariano Rajoy y de Ramón Valcárcel para “debilitar” la sanidad pública con el recorte de 7.000 millones de euros y el Plan de Reequilibrio financiero.

Carmen López.

"Todo está perfectamente orquestado", según Carmen López, que ha criticado duramente cómo se está llevando a cabo este “proceso de desmantelamiento”. La dirigente sindical ha avanzado que en septiembre habrá nuevas fórmulas de 'repago' y nuevos recortes, como el abono de parte del transporte sanitario por los ciudadanos y pensionistas, y otros servicios de carácter 'no urgente', siguiendo el modelo recientemente aprobado de copago de medicamentos.

Matilde Díaz, técnica de la Secretaría de Política Social, por su parte, ha realizado un análisis detallado de la reforma, y ha arrojado luz sobre los planes futuros del Gobierno central. El pretendido ahorro de 7.000 millones de euros, denota el interés del Gobierno en cambiar el Sistema Nacional de Salud, que hasta ahora era universal, igualitario y solidario, y que con estas medidas y otras futuras, convergerá en un modelo eufemísticamente denominado "de gestión público-privada".

Para UGT, este modelo es la ruptura de nuestro actual sistema, que empezó a resquebrajarse en 2002, con el traspaso de la gestión a las Comunidades Autónomas. El presupuesto que España dedica a la sanidad, a nivel nacional es el 7 por ciento del PIB, (1.500 euros por ciudadano y año), 3 puntos menos que la media de la UE, y valorado como uno de los mejores del mundo por su eficiencia y equilibrio.

Por su parte, Ramiro Elvira, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, ha centrado su intervención en cómo se iba a trasladar este “brutal recorte económico” en la pérdida de derechos de usuarios de la sanidad pública y también los trabajadores del sistema. "Si es nuestro Sistema Nacional de Salud, algo tendrán que ver los profesionales que lo conforman".

En este sentido, Elvira ha criticado el incumplimiento habitual de los acuerdos pactados concernientes a los trabajadores de la sanidad pública en la Región de Murcia en los últimos 4 años. UGT junto con otras organizaciones, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, calificando el Real Decreto-Ley como manifiestamente inconstitucional.