El presidente tacha de “ilegítima” la asamblea convocada por otros miembros del colectivo con el fin es hacerle una moción de censura



7 may. 2015 14:35H
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Jesús Vicioso Hoyo / Imagen: Miguel Fernández de Vega. Madrid
El presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (Plafhc), Mario Cortés, ha interpuesto una querella en los juzgados de Plaza de Castilla contra el vicepresidente, el secretario y la tesorera del colectivo de pacientes acusándolos de estafa y apropiación indebida.

Román del Pozo, abogado que lleva la querella presentada por Mario Cortés, presidente de la Plafhc, quien enseña la primera página de la misma.

Este es un paso más que evidencia la ruptura interna en el grupo que ha protagonizado numerosas acciones reivindicativas para exigir los nuevos medicamentos de la hepatitis C. Según Cortés, se ha visto “obligado” a llevar el asunto a los tribunales para que no le acusasen de “cómplice” de las acciones que están llevando el todavía ‘número dos’ de la Plafhc, Damián Caballero; Antonio Rodríguez, secretario, y María Ángeles Fernández, tesorera.

El máximo responsable del colectivo de enfermos de hepatitis C ha asegurado, sin margen de dudas, que estos tres directivos son protagonistas de “hechos irregulares” que van en contra de los intereses de los pacientes. Asimismo, Cortés ha apuntado que en la querella se ha incluido numerosas pruebas que argumentan la tesis defendida por él: que hay, según ha informado, intereses económicos y políticos en los demandados.

Además, Mario Cortés ha mostrado, en una comparecencia pública, las facturas de los en torno a 600 euros de los que la otra parte implicada en este proceso, la ahora protagonista de su querella, le acusan de haberse apropiado. Entre estos documentos, ha mostrado el recibo del alquiler de la sede de la entidad, compartida con otros colectivos.

“Los gastos de los viajes que Damián Caballero ha realizado no han sido aprobados”, ha esgrimido Cortés, al tiempo que ha apuntado que lleva dos meses “esperando”, incluso con requerimiento notarial, las facturas de los 11.500 que están en jaque.

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