Los intolerantes al gluten demandan las mismas ayudas que los funcionarios celíacos

Redacción.Madrid
Denunciar que las ayudas para costear los productos sin gluten sean de carácter exclusivo para los trabajadores de la función pública y reivindicar la necesidad de que el apoyo se haga extensivo al resto de la población afectada son los objetivos principales de la campaña que la  Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid lleva adelante este mes de mayo bajo el lema precios justos para los productos sin gluten.

Manuela Márquez, presidenta de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid.

Para la directora de asociación, Manuela Márquez, que la ayuda se otorgue a los trabajadores públicos es un claro indicio de la necesidad de entregar este tipo de apoyo a los pacientes; “si estos organismos tienen concedidas estas ayudas, es porque las consideran justas”, ha aseverado.

La asociación reivindica la necesidad de que las administraciones se involucren más con el bienestar y necesidades de este colectivo, bien poniendo en marcha medidas económicas de características similares a las implantadas en otros países europeos o bien reduciendo el IVA de los productos.

En concreto, de acuerdo al trabajo realizado por la organización y a lo consignado por Márquez, una dieta sin gluten conlleva un gasto adicional y extraordinario en la alimentación de 122,4 euros mensuales, que al año suponen 1.468 euros; “ser celíaco supone un sobrecoste económico muy elevado”, sostiene la directora de la asociación, que añade además que la carga genética de la enfermedad hace frecuente que sea más de uno el número de miembros afectados en cada familia.

Importancia del diagnóstico precoz

Además de las ayudas económicas, la asociación demanda que se tome conciencia de la importancia de un “diagnóstico precoz” para evitar “complicaciones severas tales como anemia, osteoporosis, miopatías, neuropatías, desarrollo de enfermedades autoinmunes, y la complicación más grave que es el linfoma intestinal".

“Los pacientes celíacos sin diagnosticar suponen un alto coste sanitario, ya que está demostrado que los celíacos adultos tardan una media de 12 años en ser diagnosticados; acuden reiteradamente a médicos de distintas especialidades, son tratados de enfermedades que no padecen hasta que, finalmente, se establece el diagnóstico definitivo” señala Márquez, añadiendo que “la administración no es consciente de esto, si lo fuese invertiría más recursos en aumentar el índice de sospecha de enfermedad celíaca entre los clínicos y procurar un diagnóstico precoz. El ahorro económico sería muy importante”.