La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia la “paralización y el recorte encubierto” de la Ley



23 may. 2012 18:51H
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Enrique Pita. Madrid
“La Ley de Dependencia ha pasado de estar en el frigorífico a estar en el congelador”, ha lamentado el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en declaraciones a Redacción Médica, a la luz de los últimos datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) según los cuales a 1 de mayo 275.330 personas se encuentran en el llamado 'limbo de la dependencia' en España, es decir, con derecho reconocido a recibir una prestación o servicio por su condición de dependientes pero sin percibir ninguna ayuda.

José Manuel Ramírez.

El problema va más allá de los números, y es que, según explica Ramírez, “ha cambiado la tendencia y ya la mayor parte de las autonomías no mantienen ni siquiera la tasa de reposición”. Así, según un estudio que la propia Asociación está ultimando, en el último año se detecta una merma de los grandes dependientes. “Desde las últimas elecciones autonómicas se han perdido 70.000 grandes dependientes”, asegura Ramírez, que señala que “está habiendo una paralización y un recorte encubierto de la Ley”, puesto que estos 70.000 grandes dependientes han sido sustituidos por dependientes con otros grados de valoración.

“Hemos analizado el último año para evaluar la aplicación de la Ley desde que se produjeron los cambios en los gobiernos autonómicos, pero también los últimos cuatro meses para saber cómo ha evolucionado con el nuevo Gobierno central”, señala Ramírez. Las conclusiones “son demoledoras”, según el presidente de la Asociación, aunque no se conocerán con exactitud hasta que ambos estudios estén definitivamente concluidos. Así, con los datos en la mano, “ha habido no un estancamiento sino un retroceso en la aplicación de la Ley”, y es que, “si Castilla y León y Andalucía dejan de surtir de dependientes al sistema, el SAAD entrará en datos negativos”, asegura Ramírez.

“No entendemos los planteamientos ni de los gobiernos autonómicos ni del Gobierno de Mariano Rajoy”, señala. En este sentido, Ramírez recuerda que la Asociación se mostró de acuerdo con el planteamiento que de inicio hizo el Gobierno central: replantear la financiación o aumentar las prestaciones para servicios profesionales, entre otras, pero “lo que estamos viendo es que se están haciendo cosas radicalmente distintas”. “Las dos cosas que el Gobierno de Rajoy ha hecho con respecto a la Ley de Dependencia han sido eliminar derechos al decretar la moratoria de aplicación de la norma a los dependientes moderados hasta 2014 y eliminar el artículo 33 del nivel acordado que hace referencia a la financiación de la Ley y a las autonomías, lo que representa aproximadamente el 15 por ciento del desarrollo de la Ley”. Así, con estas modificaciones, “la Ley no se sostiene”.

Yendo aún más allá, Ramírez teme las medidas que se anuncian para el futuro próximo. “Vemos que el Gobierno ha tomado la Ley como un gasto social que hay que recortar en lugar de entenderla como una inversión social que genera cuatro cosas fundamentales para España: atender a las personas mayores, ahorro en el gasto sanitario, ahorro en la prestación farmacéutica y crea empleo”.


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